El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el incremento de $281,8 por litro en el precio de la parafina tras el fin de su congelamiento, argumentando que la demanda es mínima debido a las temperaturas primaverales. Esta alza, la cuarta consecutiva en los combustibles, también afectó a las bencinas y al diésel, los cuales registraron aumentos significativos según el informe de la Empresa Nacional del Petróleo. El secretario de Estado sostuvo que la medida responde a una realidad estacional y no a una decisión caprichosa del Ejecutivo. La postura del titular de Hacienda fue respaldada por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien calificó las declaraciones como una constatación de la realidad. Alvarado enfatizó que el Gobierno no es insensible ante el impacto en el bolsillo de las familias y destacó la implementación de programas de apoyo como el Pro Empleo intensivo. Asimismo, ambos ministros atribuyeron las variaciones de precios a un contexto internacional marcado por la crisis derivada de la guerra, la cual condiciona los valores locales. Diversos actores políticos y académicos cuestionaron la sensibilidad de la autoridad ante la realidad de las regiones del sur, donde el uso de parafina persiste pese al cambio de estación. La senadora Andrea Balladares y la diputada Gloria Naveillán criticaron el tono de las declaraciones, sugiriendo una desconexión territorial del ministro. Por su parte, el académico Patricio Ramírez recordó que cerca del 10% de los hogares chilenos utiliza este combustible como fuente principal de calefacción, lo que subraya la relevancia del impacto económico en los sectores vulnerables.

Análisis político

La estrategia comunicacional del Gobierno se centra en la tecnocracia y la justificación fiscal, priorizando el ahorro de recursos públicos sobre la percepción de empatía con la ciudadanía. Al desestimar el impacto del alza basándose en promedios estacionales, el Ejecutivo busca blindar su gestión presupuestaria, aunque esto genera un costo político al ser percibido como una desconexión con las necesidades de las zonas extremas del país. El ministro Quiroz emerge como el principal perdedor en términos de imagen pública, al acumular críticas por su estilo comunicacional que es interpretado por la oposición y sectores oficialistas como una falta de sensibilidad territorial. Por otro lado, el Gobierno intenta ganar terreno al posicionar la narrativa de responsabilidad fiscal, argumentando que mantener los subsidios habría implicado un gasto insostenible, trasladando así la responsabilidad del alza a factores externos incontrolables.