El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció una revisión exhaustiva de contratos en la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que superarían los 250.000 millones de pesos. La controversia surgió tras la expedición de la Resolución 407, firmada por el presidente de la entidad, César Pachón, la cual habilitó el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo para adelantar procesos contractuales y presupuestales. El ministro Dangond calificó la medida como inusual y cuestionó la celeridad en la firma de convenios durante el cambio de Gobierno. César Pachón rechazó las acusaciones, calificándolas de injuriosas y calumniosas, y exigió al ministro presentar pruebas de los contratos que, según el jefe de la cartera, se habrían suscrito en dicha jornada. El funcionario defendió la legalidad de la resolución, argumentando que la habilitación de días adicionales es una práctica recurrente para garantizar la continuidad de proyectos misionales de riego y desarrollo productivo. Asimismo, Pachón solicitó una retractación pública ante los señalamientos que han generado críticas incluso dentro de su propio sector político. La situación se agravó con la expedición de la Resolución 408, mediante la cual Pachón declaró insubsistente al vicepresidente de Gestión Contractual, Jhon Kennedy Wilchez Carreño. Aunque la entidad fundamentó la salida en la naturaleza de libre nombramiento y remoción del cargo, el hecho aumentó la tensión en la transición institucional. El ministro Dangond ha advertido que, de persistir estas actuaciones, podría proceder con la remoción del propio Pachón de la dirección de la Agencia.

Análisis político

La estrategia del nuevo ministro de Agricultura busca marcar una ruptura inmediata con la administración saliente, utilizando la fiscalización de recursos como un mecanismo de control político y legitimación ante la opinión pública. Al señalar presuntas irregularidades en la contratación, el Gobierno entrante posiciona una narrativa de transparencia y austeridad, mientras presiona por la salida de funcionarios del equipo anterior que aún permanecen en cargos directivos. En este escenario, el Gobierno entrante gana capital político al presentarse como un ente auditor que protege el erario, mientras que el sector del Pacto Histórico sufre un desgaste interno significativo. La confrontación pública entre Pachón y figuras de su propio movimiento, como Gustavo Bolívar, evidencia una fractura en la narrativa de integridad del progresismo, dejando a Pachón en una posición de vulnerabilidad institucional frente a la arremetida del nuevo gabinete.