El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, recomendó a los productores de La Guajira y el Cesar abandonar el cultivo de arroz debido a su baja rentabilidad, altos costos de producción y vulnerabilidad ante el fenómeno de El Niño. El funcionario argumentó que el marañón representa una alternativa financiera superior, con rendimientos proyectados por encima del 24%. Esta declaración, realizada durante un encuentro con alcaldes y campesinos, fue interpretada inicialmente como una directriz nacional, lo que provocó un rechazo generalizado en el sector agropecuario. Fedearroz calificó las afirmaciones como un disparate y denunció una falta de comunicación efectiva por parte del Ministerio, señalando que no han recibido respuesta a sus solicitudes de diálogo. El gremio defendió la eficiencia técnica alcanzada en los últimos años y advirtió que la desinformación afecta la estabilidad de los productores. Por su parte, el ministro aclaró posteriormente que su recomendación estaba limitada exclusivamente a las condiciones específicas del sur de La Guajira y no pretendía desincentivar la siembra de arroz en el resto del país. La propuesta generó críticas desde el Congreso y por parte del expresidente Gustavo Petro, quien defendió la importancia de la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción de cereales. Legisladores advirtieron que cambiar la vocación agrícola de una región requiere medidas estructurales y no solo recomendaciones de sustitución. Mientras tanto, el Ministerio mantiene su postura de revisar la eficiencia del sector y el manejo de los recursos parafiscales, profundizando la tensión con la dirigencia gremial.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una política de reconversión productiva basada en criterios de rentabilidad financiera y adaptación climática, buscando desplazar cultivos tradicionales ineficientes hacia alternativas de mayor valor agregado. Esta postura confronta directamente el modelo de seguridad alimentaria defendido por la oposición, que prioriza la autosuficiencia en cereales y la protección de los gremios históricos. El uso de datos sobre costos y rendimientos busca legitimar la intervención estatal, aunque la comunicación del mensaje ha sido percibida como una amenaza a la estabilidad de los pequeños productores. En este escenario, el ministro Dangond asume el costo político de enfrentar a un gremio consolidado como Fedearroz, buscando posicionar una narrativa de modernización agrícola frente a la de protección tradicional. El gremio arrocero gana legitimidad al presentarse como defensor de la seguridad alimentaria y la estabilidad laboral, mientras que el Gobierno pierde capital político al ser percibido como un actor que desincentiva la producción nacional. La disputa se convierte en un pulso por el control de la narrativa sobre el futuro del campo colombiano y la gestión de los recursos públicos del sector.