Ministro Arrau cuestiona requerimiento de oposición ante el Tribunal Constitucional por las RUF
Resumen
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó duramente a un grupo de 16 senadores de oposición por presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). La impugnación se centra en normas que regulan el uso de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad. Arrau calificó la acción como una oposición sistemática a la legitimidad de la labor policial y al orden público.
El secretario de Estado señaló específicamente al Partido Comunista y a ciertos senadores del Partido Socialista por recurrir a esta instancia judicial. A pesar de este conflicto, el ministro destacó que el proyecto fue aprobado con amplias mayorías en el Congreso, obteniendo 111 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado. Según Arrau, este respaldo legislativo demuestra que la iniciativa cuenta con un apoyo transversal que trasciende al oficialismo.
La controversia se suma a las críticas previas realizadas por los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero, quienes cuestionaron el contenido del texto aprobado. Arrau desestimó estos reparos calificándolos de mezquinos y argumentando que no comprenden la realidad de seguridad que enfrenta el país. El Gobierno mantiene su agenda legislativa en materia de seguridad, incluyendo leyes sobre flagrancia y mejoras remuneracionales para las policías.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se basa en capitalizar el amplio respaldo legislativo obtenido en el Congreso para aislar a los sectores de oposición que recurren al Tribunal Constitucional. Al etiquetar a estos parlamentarios como contrarios a la legitimidad policial, el Ejecutivo busca trasladar el costo político de la judicialización hacia el Partido Comunista y parte del Partido Socialista, presentándose a sí mismo como el garante del orden y la seguridad pública.
En este escenario, el Gobierno gana terreno al consolidar una narrativa de eficacia legislativa frente a una oposición fragmentada, mientras que los sectores que impugnan la ley pierden capacidad de influencia al ser retratados como un obstáculo para las herramientas de las policías. La construcción de narrativas se divide entre quienes priorizan la protección de derechos y garantías constitucionales en el uso de la fuerza, y quienes priorizan la dotación de facultades operativas inmediatas para enfrentar la delincuencia.
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