El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Yenifer García, de 33 años, falleció el pasado 15 de agosto debido a una intoxicación medicamentosa combinada. El informe forense halló rastros de fentanilo, midazolam y ketamina en el cuerpo de la víctima, sustancias administradas por vía intravenosa durante una sesión de tatuaje a domicilio. La entidad clasificó el deceso como una muerte violenta en contexto de homicidio, señalando que el procedimiento careció de condiciones clínicas, monitoreo de signos vitales y personal idóneo. La víctima había contratado a un hombre, quien se presentó como auxiliar de enfermería, para mitigar el dolor de su cuarta sesión de tatuaje mediante una sedación por la que cobró 600.000 pesos. Según los hallazgos, la falta de valoración previa y la dosificación inadecuada de fármacos de control especial provocaron un colapso en el sistema nervioso central y fallas cardiorrespiratorias. El esposo de la fallecida relató que, ante la persistencia del dolor, el sujeto realizó una segunda administración de medicamentos antes de que la mujer sufriera un infarto. El caso ha generado una fuerte presión social y política, dado que el presunto responsable fue capturado en flagrancia inicialmente pero permanece en libertad mientras avanza la investigación. El concejal de Bogotá, Jairo Avellaneda, ha cuestionado la celeridad de la Fiscalía y ha exigido explicaciones sobre la trazabilidad y adquisición de los medicamentos restringidos. Las autoridades judiciales ahora valoran el dictamen forense para definir la imputación de cargos y la posible emisión de una orden de captura contra el implicado.

Análisis político

La estrategia política en este caso se centra en la presión ejercida por actores locales, como el concejal Jairo Avellaneda, quien utiliza el dictamen forense como una herramienta de control político para cuestionar la inacción de la Fiscalía y la Secretaría de Salud. Al visibilizar la libertad del presunto responsable, se construye una narrativa de impunidad que obliga a las instituciones a acelerar los procesos judiciales para evitar el desgaste de su imagen pública. En este evento, la familia de la víctima gana un respaldo técnico fundamental para su búsqueda de justicia, mientras que la institucionalidad pierde credibilidad ante la opinión pública por la aparente lentitud en la captura del señalado. La narrativa se divide entre la tragedia individual por la negligencia en procedimientos estéticos clandestinos y la falla sistémica en el control de medicamentos de uso restringido, lo que pone en entredicho los mecanismos de vigilancia sanitaria en la capital.