La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), junto a la CUT y el Colegio de Profesores, realizó una movilización nacional bajo la consigna "Ni un peso menos para la educación". Los manifestantes protestaron contra los recortes presupuestarios proyectados para 2027, denunciando una precarización del sistema educativo y falta de diálogo con el Ministerio de Educación. La jornada, que reunió a miles de personas, terminó con incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, quienes utilizaron carros lanzaaguas y gases lacrimógenos en Santiago. El Presidente José Antonio Kast cuestionó la movilización, calificándola de "preventiva" y argumentando que los dirigentes protestaron sin conocer el contenido real del proyecto de ley. El Mandatario instó a los actores sociales a debatir con "sentido común" y "razón" una vez que las cifras sean presentadas formalmente ante el Congreso. Asimismo, el Ejecutivo condenó los actos de violencia registrados durante la jornada, particularmente las agresiones ocurridas en el frontis de la Pontificia Universidad Católica. La dirigencia estudiantil, encabezada por Laura Mlynarz, rechazó las declaraciones presidenciales y acusó al Gobierno de mantener una política de recortes sistemáticos en áreas sociales. Ante la falta de canales de comunicación, los estudiantes anunciaron que trasladarán su labor de incidencia al Congreso Nacional. La tensión se mantiene alta mientras las organizaciones sociales advierten que continuarán con las movilizaciones si sus demandas no son atendidas en la discusión presupuestaria.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en deslegitimar la movilización social bajo la narrativa de la "falta de información" y la "ansiedad" de los dirigentes, buscando desplazar el debate desde la calle hacia la institucionalidad parlamentaria. Al apelar al "sentido común" y al "orden", el Gobierno intenta aislar a los manifestantes, presentándolos como actores que actúan por consignas aprendidas en lugar de argumentos técnicos, mientras intenta controlar la agenda pública antes de la presentación oficial del presupuesto. Por otro lado, los estudiantes y gremios construyen una narrativa de "unidad social" frente a un Gobierno que, según ellos, se ha cerrado al diálogo. Esta alianza entre estudiantes, trabajadores y profesores busca capitalizar el descontento acumulado en los primeros meses de administración. En este escenario, el Gobierno pierde terreno en la opinión pública al enfrentar una calle activa y una imagen de represión policial, mientras que los movimientos sociales ganan visibilidad y capacidad de presión, aunque corren el riesgo de perder apoyo si los incidentes violentos eclipsan sus demandas presupuestarias.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores, realizó una movilización nacional el 1 de octubre en rechazo a los recortes en educación contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Los manifestantes denunciaron la eliminación de becas TIC, reducciones en financiamiento basal universitario y recortes en infraestructura. La jornada, que reunió entre 6.000 y 20.000 personas según distintas fuentes, terminó con incidentes y la intervención de Carabineros con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, a pesar de contar con autorización previa. El Presidente José Antonio Kast cuestionó la oportunidad de la protesta, calificándola de "preventiva" y argumentando que los dirigentes no habían analizado el contenido técnico del presupuesto. El mandatario instó a los estudiantes a revisar los datos con responsabilidad antes de movilizarse, enfatizando que el erario se ha elaborado de manera seria. Por su parte, los dirigentes estudiantiles, encabezados por Laura Mlynarz, acusaron al Ejecutivo de falta de diálogo y de implementar una política de recortes que afecta directamente a las familias chilenas. La tensión escaló tras enfrentamientos en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, donde se registraron agresiones entre grupos estudiantiles. Las organizaciones sociales solicitaron una reunión con el delegado presidencial de la Región Metropolitana para exigir explicaciones sobre el operativo policial y el uso de medidas disuasivas. Ante la falta de comunicación con el Gobierno, los estudiantes anunciaron que trasladarán su labor de fiscalización y presión directamente al Congreso Nacional.

Análisis político

El conflicto evidencia una estrategia de polarización donde el Ejecutivo busca deslegitimar la protesta social apelando a la tecnocracia y al orden, mientras que el movimiento estudiantil y sindical apuesta por la construcción de una alianza social amplia para contrarrestar la narrativa gubernamental. El Gobierno intenta posicionarse como un administrador responsable frente a una oposición que califica de desinformada, buscando evitar que la calle dicte la agenda legislativa antes de la discusión parlamentaria. En este escenario, el Gobierno corre el riesgo de un mayor desgaste político al enfrentar una desaprobación creciente y una movilización que logra articular diversos sectores gremiales. Por otro lado, los estudiantes ganan visibilidad y capacidad de presión, aunque pierden terreno en la opinión pública cuando los incidentes violentos eclipsan sus demandas presupuestarias. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo enfatiza el orden y la responsabilidad fiscal, mientras que los actores sociales priorizan la defensa de derechos sociales y la denuncia de una supuesta represión desmedida.