Juzgado de Garantía de Coyhaique ordena reabrir investigación contra senador Miguel Ángel Calisto
Resumen
El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación por fraude al Fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, otorgando un plazo de 60 días para realizar nuevas diligencias. Esta resolución judicial dejó sin efecto el cierre previo de la causa y la acusación presentada por el Ministerio Público, que solicitaba 12 años de cárcel para el parlamentario. La medida fue adoptada tras acoger solicitudes de la defensa de los imputados, quienes buscan incorporar informes y declaraciones adicionales al proceso.
La defensa del senador Calisto argumenta que, al estar la investigación nuevamente abierta, no se cumplen los requisitos procesales para avanzar con la audiencia de desafuero programada en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El abogado defensor, César Ramos, anunció que presentará un escrito ante dicho tribunal para solicitar que se deje sin efecto la audiencia, sosteniendo que el desafuero requiere que la investigación esté formalmente cerrada. El Ministerio Público, por su parte, accedió a las diligencias bajo el principio de objetividad, buscando evitar dilaciones innecesarias en el caso.
Este evento marca un giro en el proceso judicial que involucra a ocho personas por presuntos delitos de fraude al Fisco, fraude de subvenciones y uso malicioso de documentos públicos. El monto del presunto fraude superaría los 100 millones de pesos, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía. La causa, que se inició en 2021, ha enfrentado diversos obstáculos procesales, incluyendo la inhabilitación de la Corte de Apelaciones de Coyhaique para revisar el desafuero, trasladando la competencia al tribunal de alzada de Puerto Montt.
Análisis Político
La estrategia de la defensa del senador Calisto se centra en el uso intensivo de herramientas procesales para dilatar las etapas críticas del juicio, como el desafuero, buscando ganar tiempo para desvirtuar los antecedentes presentados por la Fiscalía. Al lograr la reapertura de la investigación, el parlamentario intenta invalidar la acusación vigente, trasladando el foco desde el fondo del delito hacia tecnicismos procedimentales que impiden el avance del Ministerio Público.
En este escenario, el gran perdedor es el Ministerio Público, que ve frenada su pretensión de llevar el caso a juicio oral de manera expedita, mientras que el senador gana un margen de maniobra temporal para preparar su defensa. La narrativa se construye bajo una tensión constante: mientras la Fiscalía busca presentar el caso como un avance necesario contra la corrupción, la defensa lo posiciona como una vulneración de garantías procesales, intentando instalar la idea de que el proceso está viciado por la falta de acceso oportuno a la información.
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