El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestando su oposición a extender el mandato del tribunal más allá de 2028. El exmandatario sostuvo que la entidad debe cumplir su cometido en el plazo legalmente establecido, aunque reconoció que las críticas sobre la lentitud en sus resultados tienen fundamento. En este sentido, instó a los magistrados a acelerar sus actuaciones judiciales para cerrar los casos pendientes. La postura de Santos se da en medio de un intenso debate legislativo por un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2027, propuesto por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El expresidente advirtió que reducir los recursos de la jurisdicción afectaría directamente a las víctimas y a los comparecientes, comprometiendo la credibilidad del Estado frente a los compromisos del Acuerdo de Paz. Según Santos, es necesario realizar un esfuerzo financiero temporal para garantizar la operatividad del tribunal y evitar una fractura moral y jurídica. El debate también ha incluido cuestionamientos de sectores políticos sobre la gestión de recursos y la relación de la JEP con organismos internacionales como el PNUD. Mientras el Gobierno defiende la reasignación de fondos hacia la justicia ordinaria bajo criterios de racionalización del gasto, figuras como Santos y Humberto de la Calle insisten en la importancia de mantener la estructura de justicia transicional. La discusión refleja la polarización actual sobre el cumplimiento de lo pactado con las extintas Farc y la eficacia del modelo restaurativo.

Análisis político

La estrategia de Santos busca posicionarse como un defensor del cumplimiento del Acuerdo de Paz sin ignorar las críticas ciudadanas sobre la eficiencia del tribunal, intentando así desmarcarse de la imagen de una JEP estancada. Al rechazar la prórroga, el expresidente intenta neutralizar los argumentos de la oposición que acusan al tribunal de buscar una permanencia indefinida, mientras que al defender el presupuesto, protege el legado de su administración frente a los recortes del actual Gobierno. En este escenario, el Gobierno de Abelardo de la Espriella gana terreno político al capitalizar el descontento popular por la lentitud de la justicia transicional y la percepción de gastos excesivos, utilizando el recorte presupuestal como una herramienta de presión. Por su parte, la JEP pierde autonomía operativa y legitimidad ante una opinión pública que cuestiona su impacto real, mientras que las víctimas quedan en medio de una disputa donde la verdad y la reparación se ven supeditadas a la viabilidad financiera y a la narrativa de eficiencia impuesta por el Ejecutivo.