La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al Congreso mantener su presupuesto inicial de 821.803 millones de pesos para 2027, tras la aprobación en primer debate de un recorte de 170.000 millones. La entidad advirtió que esta reducción, que afectaría principalmente los rubros de inversión y funcionamiento, comprometería la realización de audiencias territoriales, el acompañamiento psicosocial a más de 16.000 víctimas y la seguridad de los comparecientes. El tribunal sostiene que ya ha implementado medidas de austeridad que generaron ahorros superiores a los 21.000 millones de pesos entre 2024 y 2026. El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la medida argumentando que la entidad debe ajustarse a la realidad fiscal del país y cuestionó la ejecución presupuestal histórica del tribunal. El funcionario instó a los magistrados a evitar quejas y a optimizar sus recursos, rechazando que el recorte constituya un ataque político contra la institución. Esta postura es respaldada por sectores que abogan por una mayor racionalización del gasto público y una aceleración en los resultados de la justicia transicional. El expresidente Juan Manuel Santos intervino en el debate señalando que, si bien las críticas sobre la lentitud de la JEP tienen fundamento, recortar los recursos afectaría directamente a las víctimas y al cumplimiento de los compromisos del Estado. Mientras tanto, en el Congreso han surgido cuestionamientos adicionales sobre la gestión administrativa de la JEP, incluyendo señalamientos sobre convenios de cooperación internacional. La discusión se mantiene abierta de cara al segundo debate del Presupuesto General de la Nación, donde se definirá la viabilidad financiera del tribunal para el próximo año.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno y sectores afines se centra en la narrativa de la austeridad fiscal y la eficiencia administrativa, utilizando la falta de ejecución presupuestal total como argumento para presionar a la JEP hacia una mayor celeridad en sus procesos. Al enmarcar el recorte como una necesidad técnica y no como una represalia, el Ejecutivo busca deslegitimar las advertencias del tribunal, presentándolas como una resistencia institucional a la realidad económica del país. Por otro lado, la JEP construye una narrativa basada en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, posicionándose como una entidad que ya ha realizado esfuerzos de ahorro. En este escenario, el tribunal pierde capacidad operativa y autonomía financiera, mientras que el Gobierno gana control sobre la agenda presupuestal, aunque asume el costo político de ser percibido como un actor que pone en riesgo el cierre de los procesos de paz y la atención a las víctimas.