La exsenadora María José Pizarro rechazó cualquier relación con las actuaciones que derivaron en la pérdida de investidura del expresidente del Senado, Iván Name, tras el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pizarro, quien ocupó la primera vicepresidencia del Senado durante el trámite de la reforma pensional, emitió un comunicado para desmarcarse de las acusaciones. La excongresista enfatizó que su participación en la dirección de las sesiones plenarias respondió estrictamente a sus funciones reglamentarias, según lo estipulado en la Ley 5.ª de 1992. El Consejo de Estado, al decretar la muerte política de Name por tráfico de influencias, mencionó el nombre de Pizarro en 85 ocasiones dentro de la sentencia. El fallo judicial señala que Name permitió que la senadora del Pacto Histórico presidiera la mayoría de las sesiones donde se debatió la reforma pensional, facilitando así el avance de la agenda legislativa del Gobierno. La justicia determinó que Name se ausentó de 14 de las 16 sesiones clave sin justificación constitucional, lo cual fue interpretado como una maniobra para favorecer el trámite del proyecto. Pizarro defendió su gestión argumentando que el proceso legislativo estuvo marcado por dilaciones, falta de quórum y retrasos constantes. La exsenadora sostuvo que su actuación está plenamente documentada en las actas y registros audiovisuales oficiales del Congreso. Finalmente, solicitó a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, insistiendo en que el examen de las sesiones que ella presidió no implica una vinculación con las conductas ilícitas atribuidas a Name.

Análisis político

La estrategia de Pizarro se centra en la desvinculación técnica y procedimental, utilizando el marco legal de la Ley 5.ª de 1992 para transformar una posible complicidad política en un ejercicio institucional de funciones. Al apelar a la transparencia de las actas y registros oficiales, busca trasladar la carga de la prueba hacia la interpretación judicial, intentando blindar su capital político frente a la narrativa de corrupción que rodea al caso UNGRD. En este evento, el principal perdedor es Iván Name, cuya carrera política ha sido sentenciada por el Consejo de Estado, mientras que el Gobierno y el Pacto Histórico enfrentan el desgaste reputacional derivado de la mención de sus miembros en el fallo. La narrativa de Pizarro intenta construir una distinción entre la gestión legislativa legítima y las maniobras corruptas, mientras que el fallo judicial sugiere una simbiosis entre la ausencia deliberada de Name y la ejecución de la agenda gubernamental por parte de la vicepresidencia.