Hollman Morris fue imputado por acto sexual violento agravado y se declaró inocenteActualizado · hoy
Resumen
La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al exgerente de RTVC, Hollman Morris, por el delito de acto sexual violento agravado. Los hechos investigados se remontan al 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, cuando la periodista María Antonia García habría sido víctima de agresiones sexuales tras un encuentro profesional. La diligencia judicial se realizó de manera reservada y marcó un avance significativo en un proceso que había sido archivado en 2022 y reabierto en 2026 bajo un enfoque de género.
Durante la audiencia, Morris manifestó ante el juez que no reconoce los señalamientos en su contra y se declaró inocente, rechazando formalmente los cargos. Su defensa intentó suspender la diligencia argumentando falta de competencia de la justicia colombiana por la ubicación de los hechos, pero la Fiscalía desestimó la solicitud al confirmar su facultad para investigar delitos de violencia de género. El ente acusador sostiene que la conducta afectó la integridad y autodeterminación sexual de la denunciante.
La denunciante, María Antonia García, emitió un comunicado expresando su convicción de que se hará justicia y anunció que no dará declaraciones adicionales para proteger su integridad. Por su parte, la defensa de Morris ha señalado que el caso carece de pruebas nuevas que justificaran la reapertura del expediente. El proceso continuará su curso legal, donde la Fiscalía deberá decidir si presenta un escrito de acusación para avanzar hacia un juicio oral.
Análisis Político
La estrategia de la defensa se centra en cuestionar la competencia jurisdiccional y la validez procesal de la reapertura del caso, buscando deslegitimar la actuación de la Fiscalía mediante tecnicismos legales. Por el contrario, el ente acusador utiliza el enfoque de género como eje central de su narrativa, lo cual permite superar las barreras de prescripción y archivo previo, posicionando el caso como un precedente en la protección de víctimas de violencia en entornos de poder.
En términos de impacto político, el evento afecta la imagen de figuras vinculadas a la administración anterior, mientras que la denunciante gana legitimidad al lograr que el sistema judicial formalice la investigación. La construcción de narrativas es divergente: mientras Morris apela a la presunción de inocencia y a la supuesta falta de garantías procesales, la Fiscalía y la denunciante consolidan un relato basado en la persistencia de la justicia frente a la violencia de género, lo que genera una polarización sobre la validez de las denuncias históricas.
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