El Senado despachó a ley el proyecto que autoriza al Gobierno Central un endeudamiento adicional de 6.200 millones de dólares para el año 2026. La iniciativa, aprobada con 28 votos a favor y 15 en contra, busca cubrir necesidades de financiamiento derivadas de un déficit fiscal mayor al proyectado originalmente en la Ley de Presupuestos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la medida como una acción responsable para cumplir con obligaciones estatales ya contraídas y asegurar la continuidad de las funciones del Estado. El debate legislativo estuvo marcado por cuestionamientos de la oposición respecto a la trazabilidad del gasto y el deterioro de las cuentas públicas. Parlamentarios opositores criticaron la gestión fiscal del Ejecutivo, señalando una contradicción entre el discurso de austeridad y la solicitud de mayor deuda, además de cuestionar la falta de claridad en las modificaciones presupuestarias. Por su parte, el oficialismo argumentó que la medida es necesaria para enfrentar una realidad financiera más compleja de lo previsto inicialmente. Paralelamente, el Gobierno oficializó un Decreto de Política Fiscal que establece una trayectoria de reducción del déficit estructural hasta 2030, fijando una meta de 1,5% del PIB al final del periodo. Este instrumento se sustenta en cuatro pilares: recuperación del crecimiento económico, racionalización del gasto público, modernización de empresas estatales y gestión integral de activos y pasivos. El Ejecutivo enfatizó que la disciplina fiscal es una condición necesaria para resguardar la capacidad del Estado y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de 'responsabilidad fiscal' para justificar medidas impopulares como el aumento de deuda, intentando desvincular esta necesidad de financiamiento de la creación de nuevas políticas públicas. Al presentar el endeudamiento como una obligación técnica ineludible, el Ejecutivo busca neutralizar las críticas sobre su gestión, mientras utiliza el nuevo Decreto de Política Fiscal como un ancla de credibilidad ante los mercados y el Consejo Fiscal Autónomo. En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra operativa inmediata para evitar un incumplimiento de pagos, pero pierde capital político al exponerse a cuestionamientos sobre la eficiencia de su administración y la coherencia de su discurso de austeridad. La oposición, por su parte, construye una narrativa de desconfianza, vinculando el aumento de la deuda con una supuesta falta de transparencia y una gestión deficiente, lo que les permite capitalizar el descontento ante el deterioro de las finanzas públicas.