Gustavo Petro y su círculo cercano permanecen en la Lista Clinton de Estados Unidos
Resumen
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), excluyendo a decenas de personas y empresas colombianas, pero manteniendo al expresidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al exministro Armando Benedetti. Estos individuos fueron incluidos en el listado en octubre de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14059, vinculada al combate contra el tráfico internacional de drogas. La permanencia en esta lista implica restricciones sobre activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con los sancionados.
La inclusión de Petro y su círculo cercano ocurrió durante la administración de Donald Trump, quien los señaló por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico y el manejo irregular de recursos de campaña. El expresidente ha calificado estas sanciones como un instrumento de persecución política, mientras que el gobierno estadounidense ha justificado la medida argumentando un incremento en la producción de cocaína durante su mandato. Previo a dejar la Casa de Nariño, Petro intentó gestionar su salida del listado mediante canales diplomáticos, recibiendo promesas de revisión que no se materializaron en esta depuración.
La continuidad de estas sanciones genera incertidumbre sobre las aspiraciones electorales de los involucrados para los comicios de 2027. Aunque la medida no constituye una inhabilidad legal para aspirar a cargos públicos en Colombia, el bloqueo bancario y las dificultades para gestionar recursos de campaña complican la operatividad política de los afectados. La dependencia de intermediarios financieros y la posible implementación de un estatuto antiterrorista local añaden barreras adicionales para el desarrollo de sus eventuales candidaturas a alcaldías como Bogotá y Barranquilla.
Análisis Político
La permanencia en la lista evidencia una estrategia de presión internacional por parte de Estados Unidos que busca limitar la capacidad de maniobra política y financiera de figuras clave del progresismo colombiano. Al mantener las sanciones, Washington envía un mensaje de desaprobación sobre las políticas de seguridad y la gestión de recursos del anterior gobierno, utilizando el sistema financiero como herramienta de control político que trasciende las fronteras nacionales.
El evento favorece a los sectores opositores al petrismo, quienes capitalizan el estigma de la sanción para cuestionar la legitimidad y viabilidad de las aspiraciones electorales de Petro y Benedetti. Por su parte, el expresidente construye una narrativa de víctima de una persecución externa, intentando movilizar a sus bases bajo la premisa de que el sistema internacional busca domesticar a las oposiciones políticas, lo que profundiza la polarización en torno a la soberanía y la relación bilateral con Estados Unidos.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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