El Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó una actualización de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), excluyendo a 68 personas y empresas colombianas. En este proceso de depuración, el expresidente Gustavo Petro, su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti fueron mantenidos en el registro. Los cuatro permanecen bajo el programa de sanciones relacionado con el tráfico internacional de drogas, vigente desde octubre de 2025. Tras conocerse la decisión, el exmandatario anunció el lanzamiento de una campaña internacional contra la política de sanciones de Estados Unidos. Petro argumentó que la herramienta está siendo utilizada como un mecanismo de presión política contra quienes han cuestionado la postura estadounidense frente al conflicto en Medio Oriente. Según el exjefe de Estado, la medida afecta a diversos líderes y magistrados comprometidos con el derecho internacional, calificándola como un instrumento de impunidad. La permanencia en la lista implica restricciones sobre activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con los designados. Mientras el Gobierno estadounidense mantiene su esquema de sanciones, Petro sostiene que la lista ha perdido legitimidad y ha dejado de ser un instrumento técnico contra el narcotráfico. Esta confrontación narrativa marca una nueva etapa en la relación del exmandatario con las autoridades de Washington.

Análisis político

La estrategia de Gustavo Petro consiste en transformar una sanción administrativa y judicial en un activo político de carácter internacional. Al vincular su inclusión en la lista OFAC con su postura sobre el conflicto en Gaza y el juicio contra Benjamín Netanyahu, el expresidente busca deslegitimar la herramienta estadounidense, presentándola como una forma de persecución ideológica y un 'apartheid mundial'. Esta narrativa le permite posicionarse como una víctima de una estructura de poder global, intentando capitalizar el apoyo de sectores que critican la política exterior de Estados Unidos. En este escenario, el Gobierno de Estados Unidos mantiene su posición de autoridad al ratificar las sanciones, lo que refuerza su capacidad de control sobre actores políticos extranjeros. Petro pierde capacidad de maniobra financiera y diplomática, pero gana un discurso de confrontación que busca movilizar a sus bases y a la comunidad internacional bajo la bandera de la soberanía y los derechos humanos. La brecha entre la justificación técnica de Washington y la interpretación política de Petro subraya una ruptura profunda en la relación bilateral.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), excluyendo a decenas de personas y empresas colombianas, pero manteniendo al expresidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al exministro Armando Benedetti. Estos individuos fueron incluidos en el listado en octubre de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14059, vinculada al combate contra el tráfico internacional de drogas. La permanencia en esta lista implica restricciones sobre activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con los sancionados. La inclusión de Petro y su círculo cercano ocurrió durante la administración de Donald Trump, quien los señaló por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico y el manejo irregular de recursos de campaña. El expresidente ha calificado estas sanciones como un instrumento de persecución política, mientras que el gobierno estadounidense ha justificado la medida argumentando un incremento en la producción de cocaína durante su mandato. Previo a dejar la Casa de Nariño, Petro intentó gestionar su salida del listado mediante canales diplomáticos, recibiendo promesas de revisión que no se materializaron en esta depuración. La continuidad de estas sanciones genera incertidumbre sobre las aspiraciones electorales de los involucrados para los comicios de 2027. Aunque la medida no constituye una inhabilidad legal para aspirar a cargos públicos en Colombia, el bloqueo bancario y las dificultades para gestionar recursos de campaña complican la operatividad política de los afectados. La dependencia de intermediarios financieros y la posible implementación de un estatuto antiterrorista local añaden barreras adicionales para el desarrollo de sus eventuales candidaturas a alcaldías como Bogotá y Barranquilla.

Análisis político

La permanencia en la lista evidencia una estrategia de presión internacional por parte de Estados Unidos que busca limitar la capacidad de maniobra política y financiera de figuras clave del progresismo colombiano. Al mantener las sanciones, Washington envía un mensaje de desaprobación sobre las políticas de seguridad y la gestión de recursos del anterior gobierno, utilizando el sistema financiero como herramienta de control político que trasciende las fronteras nacionales. El evento favorece a los sectores opositores al petrismo, quienes capitalizan el estigma de la sanción para cuestionar la legitimidad y viabilidad de las aspiraciones electorales de Petro y Benedetti. Por su parte, el expresidente construye una narrativa de víctima de una persecución externa, intentando movilizar a sus bases bajo la premisa de que el sistema internacional busca domesticar a las oposiciones políticas, lo que profundiza la polarización en torno a la soberanía y la relación bilateral con Estados Unidos.