Representantes del Gobierno chileno y diversos gremios exportadores iniciaron una serie de audiencias públicas en Washington D.C. ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El objetivo central es revertir la amenaza de un arancel adicional del 12,5% propuesto por la administración de Donald Trump, bajo la acusación de una supuesta falta de acción contra el trabajo forzoso. Esta medida afectaría a 54 economías, incluyendo a Chile, a pesar de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países desde 2004. El canciller Francisco Pérez Mackenna, junto al embajador Andrés Ergas, sostuvo reuniones de alto nivel para defender la solidez del marco legal laboral chileno y la trazabilidad de sus cadenas productivas. Gremios como SalmonChile, Corma y Frutas de Chile argumentan que la imposición de estos gravámenes carece de sustento técnico, dado que no existen evidencias de trabajo forzoso en sus sectores. Además, los exportadores enfatizan que sus productos son esenciales para el mercado estadounidense, generando empleos y valor agregado en diversos estados norteamericanos. La estrategia chilena busca demostrar que los aranceles propuestos resultarían contraproducentes para la propia economía de Estados Unidos, al encarecer costos de vida y afectar la disponibilidad de insumos. Mientras las audiencias se extienden hasta el jueves, el sector privado y el Ejecutivo mantienen una postura coordinada para proteger la competitividad nacional. La incertidumbre persiste, ya que el proceso se desarrolla en un contexto de revisión comercial más amplio que también mantiene en vilo a la industria minera local.

Análisis político

La estrategia política chilena se basa en una alianza público-privada pragmática que busca despolitizar la amenaza arancelaria mediante argumentos técnicos y económicos. Al apelar a la interdependencia comercial y al impacto negativo que los aranceles tendrían sobre el consumidor y el empleo estadounidense, el Gobierno intenta elevar el costo político de la medida para la administración de Trump, utilizando el Tratado de Libre Comercio como principal escudo jurídico. En este escenario, el gran perdedor potencial es la estabilidad de las exportaciones chilenas, cuya competitividad se vería erosionada por un arancel del 12,5%, mientras que el Gobierno y los gremios se juegan su capacidad de influencia en la política exterior de la potencia norteamericana. La narrativa chilena se construye desde la institucionalidad y el cumplimiento de estándares internacionales, contrastando con la retórica proteccionista de Washington, que utiliza la acusación de trabajo forzoso como una herramienta de presión comercial bajo la Ley de Comercio de 1974.