El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de Acuerdo 724 de 2026, denominado 'Ciudad Inteligente', con una votación de 23 a favor y 18 en contra. Esta reforma tributaria simplifica el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), reduciendo el número de tarifas de 13 a 9. La medida busca beneficiar al 82% de los comercios y al 89% de las industrias de la capital mediante disminuciones en sus cargas impositivas a partir de 2027. La administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, defendió la iniciativa como una estrategia para fomentar la inversión y el crecimiento económico. Sectores como restaurantes, bares, editoriales y fondos de empleados verán reducciones en sus tarifas. El proyecto también incluye incentivos tributarios para empresas que se instalen en la ciudad y alivios para contribuyentes con deudas pendientes. El incremento en la carga tributaria recaerá sobre sectores específicos, incluyendo el financiero, la comercialización de vehículos, el tabaco y el alcohol. Representantes del sector financiero expresaron preocupación por el impacto en la competitividad de la ciudad, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la inversión. La reforma entrará en vigor gradualmente, con la mayoría de sus disposiciones aplicándose desde el 1 de enero de 2027.

Análisis político

La estrategia política del Distrito se centró en la construcción de una narrativa de alivio para el pequeño comerciante y el tejido productivo local, utilizando la simplificación tributaria como bandera de modernización. Al segmentar los sectores beneficiados frente a los que asumen el aumento, la Alcaldía logró capitalizar el apoyo de la mayoría de los contribuyentes, minimizando el costo político de la medida al focalizar el incremento en sectores con mayor capacidad económica. El gran ganador es la administración de Carlos Fernando Galán, que logra consolidar una reforma estructural bajo la premisa de 'Ciudad Inteligente' y asegurar recursos para proyectos de infraestructura como el alumbrado público. Por el contrario, el sector financiero se posiciona como el principal perdedor, enfrentando un aumento en sus obligaciones fiscales y advirtiendo sobre una posible pérdida de competitividad de Bogotá como centro financiero nacional, lo que marca una clara tensión entre la visión de recaudo distrital y los intereses de los grandes gremios económicos.

El Concejo de Bogotá aprobó una reforma tributaria que modifica las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y establece una sobretasa para financiar el nuevo alumbrado público con tecnología LED. La medida, respaldada por 23 votos a favor y 18 en contra, contempla una reducción de tarifas para 275 actividades económicas, beneficiando al 82% de los comercios y al 89% de las industrias. El proyecto busca modernizar la infraestructura urbana y simplificar el sistema tributario distrital a partir de 2027. La administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, defendió la iniciativa argumentando que los aumentos impositivos se concentran en sectores específicos como el financiero, la comercialización de vehículos, el tabaco y el alcohol. El Distrito enfatizó que la reforma es una apuesta proinversión que protege a pequeños tenderos y comercios mediante alivios directos. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, aclaró que la sobretasa de alumbrado público considerará la capacidad de pago de los contribuyentes, excluyendo a quienes vivan en estratos altos pero estén categorizados en el Sisbén A, B o C. Diversos gremios económicos, incluyendo Fenalco, Asobancaria y Fasecolda, expresaron su rechazo a los incrementos, advirtiendo sobre posibles riesgos para la competitividad de la ciudad y la estabilidad del empleo. Los empresarios señalaron que el aumento en la carga tributaria podría incentivar el traslado de operaciones hacia otros municipios y encarecer servicios financieros y automotores. El Concejo continuará el trámite del articulado restante el 28 de septiembre, tras haber aprobado la mitad de los puntos propuestos.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la construcción de una narrativa de equidad tributaria, donde el costo de la modernización de la ciudad recae sobre sectores con mayor capacidad contributiva, mientras se ofrece un alivio masivo a la base del tejido empresarial. Al presentar la reforma como una medida 'procrecimiento', el alcalde Galán busca neutralizar las críticas gremiales apelando directamente a la opinión pública y a los pequeños comerciantes, quienes representan un volumen electoral significativo. En este escenario, el gobierno distrital gana legitimidad al consolidar una fuente de financiación para proyectos de infraestructura urbana, mientras que los gremios pierden capacidad de incidencia directa al no lograr frenar el aumento en sectores clave. La polarización se construye mediante la contraposición entre la 'modernización inteligente' defendida por el Distrito y la 'pérdida de competitividad' denunciada por los empresarios, dejando al Concejo como el árbitro final de una disputa que define el modelo de recaudo de la capital para los próximos años.

El alcalde Carlos Fernando Galán defiende el proyecto de acuerdo 'Ciudad Inteligente', que actualmente se debate en el Concejo de Bogotá, argumentando que la iniciativa reducirá el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el 82% de los comercios y el 89% de las industrias de la capital. El mandatario sostiene que la propuesta busca modernizar la ciudad y aliviar la carga tributaria de pequeños tenderos y diversos sectores económicos, calificando las críticas como desinformación. La administración distrital ha detallado reducciones específicas para actividades como restaurantes, hoteles, bares y edición de libros. Por su parte, diversos gremios empresariales, incluyendo Fenalco, Asobancaria, Fasecolda y Colombia Fintech, han manifestado su rechazo a la reforma debido al incremento en las tarifas del ICA para sectores específicos como la comercialización de vehículos, bebidas alcohólicas y tabaco. Los representantes gremiales advierten que estas alzas ponen en riesgo la estabilidad empresarial, la generación de empleo y la competitividad de la ciudad, sugiriendo que las empresas podrían desplazar sus operaciones a municipios aledaños. La discusión se trasladó a la plenaria del Concejo de Bogotá tras haber superado el primer debate en la Comisión de Hacienda el pasado 9 de septiembre. Mientras la administración insiste en que el grueso de los contribuyentes se verá beneficiado, los sectores afectados argumentan que el aumento en la presión impositiva sobre actividades clave encarecerá los productos financieros y logísticos, generando un impacto negativo en la economía local a largo plazo.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la segmentación del impacto tributario para construir una narrativa de equidad, donde el alcalde se posiciona como un protector del pequeño comerciante frente a sectores financieros y de consumo masivo. Al enfatizar que la mayoría de los contribuyentes pagarán menos, Galán busca neutralizar el costo político de las alzas, intentando deslegitimar las críticas gremiales bajo la etiqueta de 'desinformación' y enfocando el debate en la modernización urbana. En este pulso, el alcalde gana legitimidad ante el electorado minorista y de pequeños negocios, pero arriesga su relación con los grandes gremios económicos y el sector financiero, quienes pierden competitividad y capacidad de inversión. La narrativa de los empresarios, por el contrario, se construye sobre el riesgo de fuga de capitales y la desindustrialización de la capital, intentando presentar la reforma como una medida cortoplacista que prioriza el recaudo sobre la sostenibilidad económica de la ciudad.