El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alcanzó un acuerdo con senadores del PPD para modificar el mecanismo de invariabilidad tributaria incluido en el proyecto de Reconstrucción Nacional. La propuesta original, que contemplaba 25 años de estabilidad para inversiones superiores a 50 millones de dólares, fue sustituida por un esquema escalonado. Ahora, los plazos de invariabilidad serán de 10 años para inversiones desde 100 millones, 15 años para montos hasta 350 millones y 25 años solo para proyectos que superen los 500 millones de dólares. Este pacto incluye una sobretasa permanente del 1,5% sobre el impuesto de Primera Categoría para las empresas que se acojan al beneficio, además de excluir explícitamente el royalty minero, el IVA y tributos municipales de la protección. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó que el acuerdo surgió de una mesa de diálogo convocada para integrar a diversas fuerzas políticas. Con esta modificación, el PPD desistió de recurrir al Tribunal Constitucional, argumentando que la nueva redacción corrige los vicios de inconstitucionalidad que habían advertido previamente. El sector empresarial, representado por la CPC, valoró el acuerdo como una señal positiva para recuperar la competitividad y otorgar certeza jurídica a la inversión. Por otro lado, algunos parlamentarios de oposición han manifestado su rechazo, calificando la reforma como perjudicial para el país y advirtiendo sobre posibles desequilibrios fiscales. Expertos tributarios han señalado que, si bien el acuerdo es un avance, persisten dudas técnicas sobre la implementación de los contratos y la capacidad del Estado para gestionar el proceso.

Análisis político

La estrategia política observada refleja un esfuerzo del Ejecutivo por destrabar una reforma clave mediante la búsqueda de consensos en el Senado, priorizando la viabilidad legislativa sobre la rigidez de la propuesta original. Al ceder ante las demandas del PPD, el Gobierno logra neutralizar una amenaza de judicialización ante el Tribunal Constitucional, transformando un conflicto potencialmente paralizante en un acuerdo que, aunque reduce el alcance de la invariabilidad, asegura el avance del proyecto de reconstrucción. En este escenario, el Gobierno y el PPD aparecen como los principales ganadores al capitalizar la imagen de diálogo y pragmatismo, mientras que sectores más críticos de la oposición pierden capacidad de maniobra al quedar aislados del consenso. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo y el empresariado presentan el acuerdo como un pilar necesario para el crecimiento y la certeza económica, los sectores disidentes insisten en la inconstitucionalidad y el riesgo de desfinanciamiento fiscal, manteniendo una postura de confrontación técnica y política.

El Gobierno y un grupo de senadores del PPD alcanzaron un acuerdo para ajustar el mecanismo de invariabilidad tributaria incluido en la ley de reconstrucción. La propuesta original, que contemplaba un plazo único de 25 años, fue reemplazada por un esquema escalonado que otorga 10 años para inversiones desde 100 millones de dólares, 15 años para aquellas sobre 350 millones y un máximo de 20 años para proyectos superiores a 500 millones. El pacto incluye además una sobretasa permanente del 1,5% sobre el impuesto de Primera Categoría para las empresas que se acojan al beneficio. Esta modificación busca otorgar mayor certeza jurídica a los inversionistas y fomentar el crecimiento económico, según lo expresado por el gremio empresarial. El acuerdo excluye expresamente de la invariabilidad al royalty minero, el IVA, los tributos verdes y los impuestos municipales, limitando el blindaje exclusivamente al impuesto corporativo. La medida ha sido valorada por diversos economistas como un seguro razonable frente a la incertidumbre tributaria, aunque persisten dudas sobre su impacto en el déficit fiscal. La iniciativa ha generado tensiones políticas internas, con parlamentarios oficialistas amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional por considerar que la norma podría vulnerar principios de legalidad. Expertos han señalado que el diseño técnico requiere mayor precisión para evitar conflictos interpretativos en la aplicación de los contratos ley. Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en las indicaciones finales para ingresar el proyecto al Senado, buscando un equilibrio entre la recaudación y el incentivo a la inversión.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una búsqueda de pragmatismo para destrabar la agenda económica mediante la negociación directa con sectores moderados de la oposición y aliados, evitando la rigidez de la propuesta original. Se observa un intento por mitigar la incertidumbre regulatoria que ha caracterizado los ciclos políticos recientes, utilizando la invariabilidad como una herramienta de política de Estado para atraer capitales, a pesar de las críticas internas sobre la equidad del sistema tributario. El gran empresariado emerge como el principal ganador al obtener un marco de estabilidad jurídica más claro, mientras que sectores del oficialismo que se oponen a la medida pierden influencia en la conducción de la reforma. La narrativa se construye bajo una dicotomía: por un lado, el Gobierno y sus aliados defienden el acuerdo como un motor necesario para el crecimiento y la competitividad; por otro, los críticos lo presentan como una concesión excesiva que podría comprometer la soberanía fiscal y la igualdad ante la ley.