El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados cuestionando el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. El organismo advirtió que la redacción de la iniciativa es demasiado amplia y podría criminalizar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el Derecho Internacional. Esta postura generó una rápida respuesta del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien acusó a la entidad de romantizar el vandalismo y desproteger a los ciudadanos afectados por daños en bienes públicos y privados. El ministro Arrau enfatizó que el arte no otorga el derecho a intervenir propiedad ajena y exigió que los responsables de actos vandálicos asuman las consecuencias legales. A esta postura se sumó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien aclaró que, si bien la libertad de creación es fundamental, el arte y el vandalismo no deben ser considerados sinónimos. Ambos secretarios de Estado coincidieron en que la prioridad debe ser la protección de los trabajadores, vecinos y el patrimonio común frente a las intervenciones no autorizadas. La controversia escaló al ámbito legislativo, donde parlamentarios de oposición defendieron las observaciones del INDH, argumentando que el proyecto estigmatiza expresiones juveniles y carece de proporcionalidad. Por el contrario, sectores oficialistas calificaron el informe como impresentable y solicitaron dar urgencia a reformas que modifiquen la estructura y rendición de cuentas del instituto. Algunos legisladores incluso propusieron cambios profundos en la institucionalidad del organismo para recuperar la confianza pública.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad y el deterioro del espacio público, utilizando un lenguaje directo para confrontar al INDH y posicionarse como defensor de los derechos de las víctimas. Esta táctica busca desplazar el foco de la discusión desde la libertad de expresión hacia la responsabilidad individual y el respeto a la propiedad, logrando que el Gobierno gane terreno en su agenda de orden público mientras desgasta la legitimidad del organismo autónomo. El INDH, por su parte, pierde capital político al ser percibido por sectores oficialistas y parte de la opinión pública como un actor que relativiza el vandalismo, lo que facilita la arremetida legislativa para reformar su estructura. Mientras la oposición intenta proteger la autonomía del instituto bajo el marco de los derechos humanos, el oficialismo construye una narrativa donde el INDH actúa como un obstáculo para la seguridad, logrando que el debate sobre los rayados se transforme en una disputa sobre la pertinencia y el rol actual de la institución en el sistema democrático chileno.