El Gobierno Nacional expidió el decreto 0703 de 2026 para reglamentar la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé. Esta normativa establece restricciones estrictas para los eventos taurinos durante el año restante antes de su prohibición definitiva, programada para el 22 de julio de 2027. Entre las medidas se incluye la prohibición del uso de elementos cortopunzantes o eléctricos, la restricción de ingreso y participación de menores de edad, y la prohibición de destinar recursos públicos a estas actividades. La senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, destacó que estas reglas buscan avanzar en la protección animal y la transformación cultural hacia el respeto por la vida. El decreto también exige que la publicidad de los eventos informe explícitamente sobre la naturaleza de explotación animal de estas prácticas. Las autoridades territoriales deberán realizar un seguimiento permanente y documentar el cumplimiento de los estándares de bienestar animal en los eventos permitidos durante la transición. Voces críticas han cuestionado la validez jurídica del decreto, argumentando que fue expedido fuera del plazo legal establecido por la ley original. Se han planteado posibles demandas de nulidad bajo el argumento de extemporaneidad, sugiriendo que el acto administrativo podría ser revocado por futuras administraciones. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la medida es un paso necesario para garantizar una transición ordenada y ética hacia la abolición total de la tauromaquia en el país.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en consolidar su agenda de protección animal y transformación cultural antes del fin de su mandato, utilizando la reglamentación como un mecanismo para acelerar la desincentivación de la tauromaquia. Al imponer restricciones severas, el Ejecutivo busca limitar la viabilidad operativa de las corridas, incluso antes de la prohibición total, alineándose con las expectativas de sus bases electorales progresistas. El conflicto jurídico generado por la supuesta extemporaneidad del decreto crea un escenario de incertidumbre donde los sectores taurinos y defensores de la tradición buscan en la vía judicial una oportunidad para revertir o suspender la norma. Mientras el Gobierno capitaliza el rédito político de la abolición, los opositores construyen una narrativa de defensa de la legalidad y el patrimonio cultural, preparando el terreno para que el próximo gabinete pueda revertir la medida mediante acciones administrativas.