El diputado Gonzalo Winter solicitó información a la Presidencia sobre una reunión sostenida entre el mandatario José Antonio Kast y el empresario tecnológico Peter Thiel. El Ejecutivo confirmó el encuentro, calificándolo como breve y protocolar, donde se abordaron desafíos de la inteligencia artificial para el Estado. Sin embargo, La Moneda informó que no existen actas, minutas ni registros de ingreso del magnate al Palacio de Gobierno. La respuesta oficial argumentó que el Presidente no está sujeto a la Ley de Lobby para este tipo de instancias y que, de existir antecedentes, estos podrían ser reservados bajo causales de seguridad nacional e interés del Estado. Esta postura generó críticas del parlamentario, quien cuestionó la falta de transparencia al tratar con una figura vinculada a empresas de vigilancia e inteligencia. Winter calificó como contradictorio que el Gobierno afirme no poseer registros y, simultáneamente, invoque la reserva de información para protegerlos. Ante la negativa de entregar detalles adicionales, el diputado anunció que ampliará su fiscalización mediante el envío de oficios a todos los ministerios y organismos del Ejecutivo. El objetivo es determinar si otras reparticiones públicas mantuvieron contactos o gestiones con Thiel o representantes de sus empresas, como Palantir Technologies. La controversia se centra en la influencia del empresario y la opacidad en torno a sus interacciones con autoridades gubernamentales.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se basa en una interpretación restrictiva de la Ley de Transparencia y la Ley de Lobby, utilizando la figura de la reserva por seguridad nacional para blindar la agenda presidencial de escrutinio público. Por su parte, la oposición, liderada por el Frente Amplio, utiliza la fiscalización como una herramienta de control político para instalar una narrativa de opacidad y posibles conflictos de interés, vinculando la figura de Thiel con el tecnofascismo y la vigilancia estatal. En este evento, el Gobierno gana al evitar la exposición de detalles sobre una reunión con un actor internacional polémico, pero pierde en términos de percepción pública al alimentar sospechas sobre la falta de transparencia. El diputado Winter gana visibilidad política al posicionarse como un fiscalizador riguroso, mientras que la construcción de narrativas opuestas —una centrada en la autonomía presidencial y otra en la rendición de cuentas— profundiza la polarización sobre el rol de los actores privados en la gestión del Estado.