El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara la radicación de un proyecto de ley estatutaria que busca establecer un nuevo marco jurídico contra el terrorismo. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, un Alto Comisionado contra el Terrorismo y el endurecimiento de penas para delitos como el uso de drones y la obstrucción a la fuerza pública. El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para recuperar la autoridad en los territorios y desarticular las fuentes de financiación de grupos criminales. La propuesta ha generado una fuerte polarización en el escenario político colombiano. Sectores del Centro Democrático respaldan la iniciativa como una herramienta indispensable para restablecer el orden y la seguridad nacional. Por el contrario, congresistas del Pacto Histórico han advertido que el proyecto podría concentrar facultades excesivas en el Ejecutivo, permitiendo la persecución de opositores, estudiantes y manifestantes bajo definiciones ambiguas de terrorismo. El debate se centra en la posible creación de una lista de actores terroristas similar a la OFAC de Estados Unidos, lo que implicaría el congelamiento inmediato de activos y restricciones para contratar con el Estado. Ante las críticas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha aclarado que el borrador aún está en proceso de recibir comentarios internacionales y nacionales para fortalecer su contenido. El Consejo de Política Criminal, donde se discutiría inicialmente el texto, fue aplazado para el próximo 15 de octubre.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se basa en la construcción de una narrativa de 'mano dura' y autoridad, buscando capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad y el control territorial de grupos armados. Al proponer un estatuto que emula mecanismos internacionales de sanción financiera, el Ejecutivo intenta legitimar su gestión como una respuesta técnica y contundente, mientras traslada el costo político de la oposición a quienes cuestionan la eficacia de la medida. En este escenario, el Gobierno gana terreno al posicionar su agenda de seguridad como el eje central del debate legislativo, obligando a sus críticos a defenderse de señalamientos sobre su postura frente al crimen. Por su parte, la oposición pierde capacidad de maniobra al ser etiquetada por el oficialismo como un obstáculo para la protección de la ciudadanía. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Gobierno habla de 'restablecer el orden', la oposición construye un relato de 'amenaza a la democracia' y 'persecución política', preparando el terreno para una confrontación jurídica y social de largo alcance.