Gobierno Petro propone delimitación progresiva del páramo de Santurbán a semanas de finalizar mandato
Resumen
El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 863 de 2026, estableciendo una metodología de delimitación progresiva para el páramo de Santurbán. Esta medida busca formalizar jurídicamente los acuerdos alcanzados en 19 municipios donde ya concluyó el proceso participativo exigido por la Corte Constitucional. La iniciativa incluye además la creación de una reserva definitiva en la quebrada La Baja y la prórroga de una reserva temporal hasta 2029.
La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones como Asomineros, que califican la medida como una extralimitación y un posible fraude a resolución judicial. Los críticos señalan que el Gobierno contradice su propia postura de 2023, cuando ante el Tribunal Administrativo de Santander descartó la viabilidad de una delimitación parcial. Además, denuncian que el proceso actual ignora los condicionantes de participación establecidos por la Corte Constitucional.
El Ministerio de Ambiente sostiene que la metodología no fragmenta el ecosistema ni reduce los estándares de protección, sino que permite avanzar en el cumplimiento de órdenes judiciales pendientes. La cartera aclaró que las resoluciones no afectan la minería tradicional en proceso de formalización, aunque prohíben nuevos títulos para proyectos de mediana y gran escala. Los proyectos estarán abiertos a comentarios ciudadanos hasta el 29 de julio antes de su adopción definitiva.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en consolidar un legado ambiental mediante la conversión de acuerdos participativos en actos administrativos antes del cambio de mando. Al implementar una delimitación progresiva, el Ejecutivo intenta cerrar un ciclo de ocho años de gestión, buscando blindar jurídicamente los avances logrados en los territorios donde la concertación fue exitosa, a pesar de la presión del tiempo y la oposición de sectores mineros.
El conflicto evidencia una polarización entre la visión de protección hídrica del Gobierno y los intereses de las comunidades mineras, quienes se sienten desplazadas y anuncian acciones legales. Mientras el Ministerio construye una narrativa de cumplimiento judicial y protección del agua, los gremios mineros construyen una narrativa de inseguridad jurídica y desconocimiento de los derechos de las comunidades locales. El resultado es un escenario de alta incertidumbre donde la viabilidad de estas medidas dependerá de la postura que adopte la administración entrante.
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