El Gobierno de Gustavo Petro expidió la Resolución 0961 de 2026, mediante la cual declara cerca de 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía como reserva de recursos naturales renovables. Esta medida prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y la firma de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 61 municipios de diez departamentos. La decisión, firmada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, busca evitar que el ecosistema alcance un punto crítico de degradación ambiental. La normativa establece que los proyectos mineros y petroleros que ya cuentan con contratos, títulos o licencias ambientales vigentes podrán continuar sus operaciones hasta el vencimiento de sus plazos contractuales. Sin embargo, la resolución impide explícitamente la posibilidad de otorgar prórrogas a estas actividades una vez finalicen los acuerdos actuales. La medida excluye de la prohibición a la pequeña minería destinada a materiales de construcción y mantenimiento vial, salvo en territorios indígenas del departamento del Amazonas. El proceso de declaratoria se fundamenta en el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 y fue precedido por un proceso de consulta previa con comunidades indígenas iniciado en junio de 2025. El Ejecutivo sostiene que esta acción protege la biodiversidad y la regulación climática frente a intereses extractivos. La decisión se oficializó a pocas horas de que el presidente Petro finalice su mandato, dejando una restricción permanente que impacta directamente la agenda del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Análisis político

La estrategia del Gobierno saliente se centra en blindar su legado ambiental mediante actos administrativos de alto impacto que condicionan la capacidad de maniobra de la administración entrante. Al utilizar figuras legales de reserva de recursos naturales, el Ejecutivo impone una visión de desarrollo que prioriza la conservación sobre la explotación extractiva, forzando al sucesor a enfrentar un escenario donde la expansión minero-energética en la Amazonía queda jurídicamente bloqueada. En este evento, el Gobierno saliente gana al consolidar su narrativa de liderazgo climático y protección de la biodiversidad, mientras que el sector extractivo y el presidente electo pierden margen de acción para implementar sus prioridades económicas. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta la medida como un acto de salvaguarda planetaria y soberanía ambiental, los sectores económicos y la oposición la interpretan como una restricción ideológica que limita el potencial de desarrollo nacional en los últimos momentos de un mandato.