El Presidente José Antonio Kast ha ordenado el desalojo de viviendas irregulares situadas en zonas de riesgo, como lechos de ríos y quebradas, ante la llegada de un potente sistema frontal a la zona centro-sur del país. El mandatario enfatizó que estas medidas son permanentes y buscan evitar que las personas retornen a lugares peligrosos, advirtiendo que se utilizarán facultades legales si no existe una salida voluntaria. Para gestionar la emergencia, el Gobierno ha coordinado el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas y ha movilizado recursos del Plan Invierno 2026. La estrategia gubernamental se centra en la anticipación y la coordinación entre ministerios, municipios y delegaciones regionales. Kast ha supervisado personalmente trabajos de mitigación en puntos críticos como la Quebrada de Ramón, destacando que, aunque se han invertido cerca de 500 millones de dólares en prevención, la colaboración ciudadana y el autocuidado son fundamentales. El Ejecutivo ha hecho un llamado a la responsabilidad de los vecinos para evitar tragedias similares a desastres ocurridos en años anteriores. Como consecuencia inmediata de la emergencia, el Presidente suspendió una gira programada a la Región de Tarapacá para permanecer en La Moneda monitoreando la situación. Esta decisión busca asegurar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad climática que afecte a las regiones entre Coquimbo y Biobío. El Gobierno sostiene que la prioridad es la seguridad de las personas y la recuperación de la institucionalidad en el uso de terrenos habitacionales.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se basa en la construcción de una narrativa de 'orden e institucionalidad' frente a la crisis climática, utilizando la emergencia para justificar desalojos de tomas irregulares que, bajo condiciones normales, enfrentarían mayor resistencia social. Al vincular la seguridad física de los ciudadanos con la erradicación de asentamientos en zonas de riesgo, el Gobierno busca capitalizar políticamente la gestión de desastres, presentándose como un actor resolutivo que prioriza la técnica y la prevención sobre la improvisación. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar un despliegue centralizado y una capacidad de mando clara, mientras que los sectores que habitan en asentamientos irregulares pierden capacidad de negociación al ser desplazados bajo la urgencia de la seguridad pública. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la responsabilidad estatal de 'resolver' y la supuesta inacción o crítica política de otros actores, consolidando la imagen del Presidente como el principal gestor de la crisis.