El presidente Abelardo de la Espriella anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este anuncio se realizó durante una alocución presidencial en la que se presentó un balance de las operaciones militares y policiales en Magdalena y La Guajira. El mandatario advirtió que las autoridades mantienen un cerco sobre el cabecilla, quien presuntamente intentaría huir hacia Venezuela, y aseguró que la acción del Estado será contundente. Las operaciones recientes han resultado en la captura de 13 personas, incluyendo a Yolima Murgas, compañera sentimental de alias Pinocho, quien enfrenta cargos por lavado de activos. Durante los allanamientos en Santa Marta y Ciénaga, las autoridades incautaron dinero en efectivo, material de guerra y panfletos intimidatorios vinculados a la estructura criminal. El Gobierno también reportó la desarticulación de redes financieras y la conexión de la organización con el Cártel de Sinaloa para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. La defensa de alias Pinocho, a través de su abogado, ha cuestionado la legalidad de las capturas y ha manifestado la intención de su cliente de someterse a la justicia colombiana bajo una futura ley de sometimiento. Mientras tanto, el Ejecutivo ha rechazado cualquier negociación o beneficio por fuera de la ley para los integrantes de esta estructura. La Fuerza Pública continúa con la búsqueda intensiva del cabecilla, quien según reportes de inteligencia, habría resultado herido en operativos previos contra otros mandos de la organización.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una política de seguridad de mano dura que busca deslegitimar cualquier intento de negociación política con grupos criminales, priorizando la captura o neutralización de sus cabecillas. Al ofrecer recompensas millonarias y enfatizar la persecución de las finanzas y el entorno familiar de los delincuentes, el Ejecutivo busca debilitar la estructura operativa y financiera de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, proyectando una imagen de control institucional frente a los recientes hechos de intimidación en el Caribe. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen orden público, mientras que el grupo criminal pierde capacidad de maniobra y cohesión interna ante la presión militar. La narrativa oficial construye al actor armado como un objetivo militar sin estatus político, mientras que la defensa del cabecilla intenta posicionarlo como un sujeto con voluntad de sometimiento, buscando transformar su estatus de prófugo a interlocutor en un proceso de justicia, lo cual es rechazado tajantemente por el Estado.