El presidente Abelardo de la Espriella confrontó públicamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, durante una jornada oficial en Sucre. El mandatario nacional cuestionó la trayectoria del alcalde, citando múltiples investigaciones judiciales, antecedentes por presuntos nexos con grupos ilegales y un video donde se discuten supuestas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar. Como consecuencia, el presidente anunció que no trabajará directamente con la administración municipal y buscará mecanismos institucionales alternos para ejecutar inversiones en la ciudad. Yahir Acuña respondió a través de un video, calificando los señalamientos como un ataque motivado por sesgos políticos y exigiendo el respeto a la presunción de inocencia. El alcalde denunció haber sido intimidado durante el evento por civiles armados que custodiaban al jefe de Estado, lo cual fue respaldado por el expresidente Gustavo Petro. Por su parte, el padre del presidente, Abelardo de la Espriella Juris, intervino para aclarar que el alcalde buscó apoyo político durante la campaña presidencial, ofrecimiento que fue rechazado por su hijo. La disputa ha generado reacciones diversas en el espectro político nacional, con figuras de la oposición cuestionando el uso de seguridad privada armada en actos oficiales y la forma en que se manejan las diferencias institucionales. Mientras el Gobierno insiste en que no entregará recursos sin controles estrictos ante los antecedentes del mandatario local, sectores críticos señalan que el trato hacia el alcalde sienta un precedente peligroso en la relación entre la Presidencia y las autoridades territoriales.

Análisis político

La estrategia del presidente De la Espriella se centra en la construcción de una narrativa de 'lucha contra la corrupción' para deslegitimar a opositores territoriales, utilizando sus antecedentes judiciales como herramienta de presión política. Al anunciar que no trabajará con la Alcaldía de Sincelejo, el mandatario busca marcar una línea divisoria moral, presentándose como un guardián de los recursos públicos frente a administraciones cuestionadas, lo que le permite capitalizar políticamente su postura ante una opinión pública sensible a los escándalos de gestión. Por otro lado, el alcalde Acuña intenta victimizarse bajo la narrativa de la persecución política y el 'sesgo moral', buscando equiparar su situación con la de otros funcionarios investigados para diluir su responsabilidad individual. En este evento, el presidente gana control sobre la agenda pública al imponer el tema de la probidad, mientras que el alcalde pierde legitimidad institucional al quedar bajo el escrutinio nacional. La intervención de figuras como Gustavo Petro añade una capa de polarización, transformando un conflicto administrativo local en un debate sobre la seguridad presidencial y el uso de fuerzas privadas, lo que beneficia a la oposición al cuestionar la ética del actual Gobierno.