El Gobierno de Chile, encabezado por el Presidente José Antonio Kast, anunció un acuerdo con la concesionaria VíasChile para reducir las tarifas del TAG en la Autopista Central. La medida contempla descuentos del 10% en horario base y del 25% en periodos punta y de saturación, beneficiando a usuarios que mantengan sus cuentas al día. El beneficio entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, tras completar los procesos administrativos correspondientes. La contrapartida del acuerdo consiste en la extensión del contrato de concesión por 20 meses adicionales, punto que ha generado diversas reacciones en el espectro político. Mientras el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, defendió la fórmula argumentando que la empresa cobrará menos durante un periodo más prolongado, sectores de la oposición y organizaciones civiles han cuestionado la conveniencia del pacto. Críticos como Franco Parisi y el diputado Ignacio Achurra calificaron la negociación como un beneficio excesivo para la concesionaria a costa de los intereses del Estado. El Ejecutivo ha señalado que este acuerdo es el primero de una serie de conversaciones con otras empresas del sector para replicar la iniciativa. Parlamentarios y gremios regionales han presionado para que estos beneficios no se concentren exclusivamente en la Región Metropolitana. La viabilidad de futuras rebajas dependerá de las condiciones financieras y el tiempo restante de cada contrato de concesión vigente en el país.

Análisis político

La estrategia del Gobierno busca capitalizar un alivio económico directo para la clase media, utilizando la infraestructura de mayor flujo vehicular como vitrina política. Al priorizar la negociación privada sobre el gasto fiscal, el Ejecutivo intenta mantener el equilibrio presupuestario en áreas como salud y educación, aunque esta táctica le expone a críticas sobre la perpetuación del modelo de concesiones y la falta de transparencia en la extensión de contratos. El principal ganador es el Gobierno en términos de gestión inmediata, al presentar una medida concreta de ahorro para los usuarios. Por el contrario, los sectores opositores y movimientos ciudadanos capitalizan el descontento mediante la narrativa de que el acuerdo favorece a las empresas privadas. La construcción de estas narrativas contrapuestas evidencia una disputa sobre el rol del Estado: mientras el oficialismo defiende la eficiencia de la negociación, sus detractores exigen una intervención regulatoria más agresiva que no comprometa el patrimonio público a largo plazo.