El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, denunció que el próximo Teleférico Bicentenario operará sin integración tarifaria con la red Bip!, lo que impediría el uso de descuentos para estudiantes y adultos mayores. El jefe comunal advirtió que esta situación transformaría un medio de transporte urbano en una atracción turística costosa, afectando a los vecinos que buscan reducir sus tiempos de traslado entre Huechuraba y Providencia. Luksic enfatizó que el Estado ya garantiza los ingresos de la concesión por 23 años, por lo que instó a las autoridades a priorizar el carácter público del servicio. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la concesionaria para buscar mecanismos de integración, reconociendo que esta modalidad no estaba contemplada en el contrato original. Representantes del Gobierno, incluyendo al biministro de Obras Públicas y Transporte, han iniciado reuniones para evaluar la viabilidad de incorporar el proyecto al sistema RED antes de su apertura en enero de 2027. Pavez subrayó que, aunque existe voluntad política para facilitar el acceso, la naturaleza privada de la concesión impone desafíos contractuales que deben resolverse. La controversia ha generado un cruce de declaraciones entre el actual alcalde y su antecesor, el diputado Carlos Cuadrado, sobre la responsabilidad de este escenario. Mientras Luksic sostiene que la integración no está garantizada pese a compromisos previos de distintos gobiernos, Cuadrado ha rechazado las críticas y señalado que corresponde a la actual administración resolver cualquier descoordinación. La discusión se mantiene abierta mientras se debate el Presupuesto 2027, instancia donde se espera una definición definitiva sobre el modelo de operación del teleférico.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la presión ejercida por el nivel local hacia el Ejecutivo para forzar una renegociación de contratos de concesión bajo el argumento del beneficio social. El alcalde de Huechuraba utiliza la visibilidad mediática para posicionar el tema como una demanda ciudadana, obligando al Gobierno a adoptar una postura de apertura para evitar el costo político de inaugurar una obra percibida como excluyente o elitista. En este escenario, los ciudadanos que requieren transporte diario son los principales afectados, mientras que el Gobierno se encuentra en una posición compleja: debe equilibrar el respeto a los contratos de concesión privada con la presión por cumplir promesas de conectividad urbana. La narrativa del alcalde construye una dicotomía entre un transporte público inclusivo y una infraestructura privada con fines de lucro, mientras que el Ejecutivo intenta gestionar la transición hacia una solución técnica que no comprometa la seguridad jurídica de la concesión.