El Presidente José Antonio Kast puso en duda la validez de los resultados de la encuesta Casen, argumentando que la reducción de la pobreza reportada durante la administración anterior estuvo supeditada a subsidios y contenía errores metodológicos. El mandatario sostuvo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había advertido sobre inconsistencias en los parámetros de medición utilizados previamente. Estas declaraciones fueron calificadas como irresponsables por parte de exautoridades del gobierno de Gabriel Boric, quienes defendieron la solidez técnica del instrumento. Exministros como Javiera Toro, Carolina Tohá, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau rechazaron categóricamente las afirmaciones presidenciales, señalando que la Casen cuenta con un respaldo técnico interdisciplinario e institucional de larga trayectoria. Toro enfatizó que no existió error en la medición, sino ajustes metodológicos comunicados con antelación para elevar los estándares de evaluación. Los exsecretarios de Estado advirtieron que desacreditar esta herramienta afecta la fe pública y la institucionalidad estadística del país. Ante la controversia, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, intervino para aclarar que el Ejecutivo no cuestiona los datos técnicos, sino que busca enfatizar la importancia de la generación de ingresos propios sobre la dependencia de subsidios. Alvarado defendió la postura del Presidente, señalando que se busca un nuevo marco estructural para reducir la pobreza mediante el empleo. Mientras tanto, parlamentarios de oposición instaron al mandatario a enfocarse en su gestión actual en lugar de mantener disputas con la administración previa.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en desmarcarse de la gestión anterior mediante la crítica a sus indicadores sociales, buscando instalar una narrativa que prioriza el crecimiento económico y la autonomía financiera de las familias sobre la política de subsidios. Al cuestionar la Casen, el gobierno intenta redefinir el éxito de las políticas públicas, aunque esta táctica conlleva el riesgo de erosionar la confianza en la institucionalidad técnica del Estado, un activo valorado transversalmente en Chile. En este evento, el gobierno gana al consolidar su relato ante su base electoral, pero pierde al abrir un frente de conflicto con expertos y exautoridades que defienden la rigurosidad estadística. La oposición, por su parte, construye una narrativa de defensa de la institucionalidad y responsabilidad política, posicionándose como garante de la estabilidad frente a lo que califican como desinformación, logrando así unificar a sus filas en torno a la protección de los logros sociales alcanzados.