El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó al Gobierno nacional abstenerse de ejecutar el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo. La decisión judicial ampara de manera transitoria los derechos a la vida, la salud, el debido proceso ambiental y la participación ciudadana de las comunidades locales. Esta medida responde a la falta de pruebas concluyentes sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa exigidos por la jurisprudencia constitucional. La jueza Ana Pilar Vidal Uribe señaló que el Ejecutivo no acreditó la compatibilidad del programa con los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos existentes ni definió con precisión los polígonos de intervención. El fallo subraya la aplicación del principio de precaución ante la incertidumbre sobre los impactos del herbicida, clasificado como moderadamente peligroso por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades involucradas, incluyendo el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, deberán demostrar el cumplimiento integral de las condiciones legales para levantar la suspensión. El Gobierno ha manifestado su desacuerdo con la decisión, argumentando que las restricciones judiciales impiden obtener la evidencia científica necesaria para evaluar la eficacia del programa. Ministros del gabinete han cuestionado que jueces de menor jerarquía tomen determinaciones sobre asuntos de orden público, sugiriendo que estas deben ser revisadas por instancias superiores. La suspensión se mantiene vigente mientras los accionantes tramitan una acción popular, dejando el futuro del piloto sujeto a una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la tecnificación de la erradicación mediante el uso de herbicidas alternativos para combatir el narcotráfico, buscando resultados rápidos en zonas críticas. Por el contrario, la estrategia judicial y de las organizaciones sociales se basa en la defensa de los derechos colectivos y el cumplimiento estricto de los precedentes de la Corte Constitucional, utilizando el principio de precaución como un freno efectivo a la política ejecutiva. En este escenario, las comunidades locales y los sectores críticos de la política de drogas ganan terreno al lograr la paralización de una medida que consideran lesiva para el medio ambiente y la salud. El Gobierno pierde capacidad de maniobra inmediata y enfrenta un desgaste político al ver cuestionada su autoridad para implementar políticas de seguridad, lo que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la rama judicial sobre la jerarquía y competencia en la toma de decisiones de orden público.