Gobierno evalúa veto presidencial para frenar prohibición del anatocismo en megarreforma
Resumen
El Congreso aprobó una indicación en el proyecto de Reconstrucción Nacional que prohíbe el anatocismo, práctica financiera que permite el cobro de intereses sobre intereses. La medida, impulsada por el diputado Héctor Ulloa (PPD) e independientes, busca proteger a los deudores eliminando la capitalización de intereses en vencimientos o renovaciones. El Ejecutivo, ante la aprobación parlamentaria, evalúa presentar un veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional para revertir la norma.
Diversas instituciones técnicas, incluyendo el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y BancoEstado, han manifestado un rechazo categórico a la iniciativa. Los organismos advierten que la prohibición carece de precedentes internacionales y afectaría gravemente la rentabilidad de los ahorros, los depósitos a plazo y el acceso al crédito. Según estas entidades, la medida terminaría perjudicando a los sectores más vulnerables al encarecer el financiamiento y desincentivar el ahorro nacional.
Los parlamentarios impulsores de la indicación defienden la medida como un mecanismo de justicia social para evitar el castigo excesivo a quienes enfrentan dificultades económicas. Por su parte, el Gobierno sostiene que la norma no responde a las ideas matrices del proyecto original y busca evitar distorsiones en el sistema financiero. La controversia se mantiene abierta mientras el Ejecutivo define su estrategia para impedir la entrada en vigor de la disposición.
Análisis Político
La estrategia política observada refleja una tensión entre el populismo legislativo y la tecnocracia regulatoria. Mientras los parlamentarios buscan capitalizar políticamente una medida de aparente alivio para los deudores, el Gobierno y los entes técnicos priorizan la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro masivo. Esta dinámica expone una desconexión entre la intención de proteger al consumidor y las consecuencias sistémicas que los reguladores advierten como contraproducentes.
En este escenario, los grandes perdedores son los ahorrantes de menores ingresos, cuya rentabilidad en instrumentos básicos se vería mermada, y la estabilidad del mercado de capitales. El Gobierno se encuentra en una posición compleja: si no veta la norma, arriesga una crisis de financiamiento y críticas de los reguladores; si la veta, enfrenta un costo político ante los sectores que apoyaron la medida como una victoria contra los abusos financieros. La narrativa se construye bajo la dicotomía entre la justicia para el deudor y la viabilidad económica del sistema.
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