Gobierno evalúa cargo diplomático para exministra Steinert pese a críticas oficialistas
Resumen
El Gobierno de Chile analiza la posible designación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en una agregaduría diplomática en Perú. Esta opción, confirmada por el canciller Francisco Pérez Mackenna como una alternativa en estudio, responde a un compromiso previo del Presidente José Antonio Kast con la exautoridad. La propuesta ha generado controversia debido a que Steinert enfrenta actualmente un dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la PDI.
Diversos sectores del oficialismo han manifestado su rechazo a esta posibilidad, calificándola de inoportuna mientras el proceso administrativo ante el órgano contralor se mantiene abierto. Parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI han solicitado frenar cualquier decisión hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de reconsideración presentada por la exministra. La oposición, por su parte, ha criticado la medida tildándola de un premio de consuelo financiado con recursos públicos, sugiriendo incluso la posibilidad de una acusación constitucional.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió la trayectoria de Steinert y aseguró no ver inconvenientes en su nombramiento, destacando su dedicación durante su gestión ministerial. A pesar de las defensas desde el Ejecutivo, el canciller Pérez Mackenna aclaró que no existe una decisión formal ni concreta, subrayando que los procesos de designación internacional requieren evaluaciones exhaustivas. La resolución final de la Contraloría, esperada para finales de julio, será determinante para el futuro político de la exsecretaria de Estado.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno refleja una tensión entre el cumplimiento de compromisos personales del Presidente Kast y la gestión de costos políticos ante una opinión pública y parlamentaria vigilante. Al intentar reubicar a una exministra cuestionada por un órgano autónomo, el Ejecutivo arriesga su capital político, exponiéndose a críticas de inconsistencia institucional. La defensa del ministro García Ruminot busca blindar la figura de Steinert apelando a su capacidad técnica, intentando separar su desempeño profesional del dictamen administrativo que la afecta.
En este escenario, el oficialismo pierde cohesión al distanciarse de una decisión que consideran imprudente, mientras que la oposición capitaliza el evento para desgastar al Gobierno, construyendo una narrativa de falta de probidad y uso discrecional de cargos públicos. La construcción de relatos es divergente: mientras el Gobierno presenta el posible nombramiento como una reubicación técnica basada en la experiencia de la exministra, sus críticos lo posicionan como un premio de consuelo que ignora las faltas administrativas, elevando el costo reputacional de cualquier designación futura.
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