El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la puesta en marcha del Fondo Milagro, un patrimonio autónomo diseñado para gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Este mecanismo, administrado por Fiducoldex, inicia operaciones con un presupuesto inicial de $1 billón, con proyecciones de movilizar hasta $4 billones en los próximos meses. La estructura financiera incluye una adición presupuestal de $624.656 millones provenientes de crédito externo para atender las necesidades de infraestructura y asistencia humanitaria. La junta directiva del fondo estará compuesta por figuras destacadas del sector privado, incluyendo a Arturo Calle, Liliana Restrepo de Frisby, César Caicedo de Colombina y Germán Bahamón de la Federación Nacional de Cafeteros, junto al secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos. El gerente designado para liderar la ejecución y seguimiento de los recursos es el empresario Jaime Andrés Uribe Tamayo. El Gobierno enfatizó que el manejo de los fondos se realizará bajo estrictos controles para evitar intermediarios y garantizar la transparencia en la inversión de cada peso. La creación del fondo ha generado cuestionamientos desde el Congreso, particularmente por parte de la representante Cathy Juvinao, quien criticó la contratación directa de Fiducoldex y la remuneración fija mensual pactada de 142 salarios mínimos. Las críticas también señalan la ausencia de representación directa de las regiones afectadas en la junta directiva y la falta de claridad en los manuales de contratación. El Gobierno defiende el modelo como una herramienta ágil y rigurosa para superar la emergencia sin despilfarros.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la tecnocracia y la legitimidad empresarial para blindar la gestión de recursos frente a posibles escándalos de corrupción, buscando proyectar eficiencia ante una crisis de gran escala. Al integrar a líderes gremiales de alto perfil en la junta directiva, el Ejecutivo intenta capitalizar la confianza pública que estos empresarios generan, trasladando la responsabilidad de la vigilancia a figuras externas al aparato estatal tradicional. El Gobierno gana al posicionarse como un gestor pragmático y riguroso, pero pierde terreno en su relación con el Legislativo, donde la oposición utiliza la falta de transparencia en la contratación directa para erosionar la narrativa de pulcritud presidencial. Mientras el Ejecutivo construye una narrativa de 'reconstrucción sin intermediarios', los críticos construyen una contra-narrativa basada en la opacidad contractual y la exclusión de las autoridades locales, lo que podría complicar la ejecución territorial del fondo a largo plazo.