El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo diseñado para gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La entidad, que inicia operaciones con un capital de $1 billón, será administrada por la fiduciaria Fiducoldex bajo la gerencia de Jaime Uribe. El Ejecutivo busca centralizar recursos públicos y privados para financiar obras de infraestructura, vivienda y asistencia humanitaria en los territorios damnificados. La junta directiva del fondo estará integrada por figuras del sector privado como Arturo Calle, Liliana Restrepo, César Caicedo y Germán Bahamón, junto al secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos. El presidente De la Espriella enfatizó que el mecanismo operará bajo estrictos criterios de transparencia y rigor técnico para evitar intermediarios y despilfarros. Los recursos permanecerán bajo la custodia del Tesoro Nacional y solo se liberarán tras la verificación de obligaciones contractuales. El proceso ha generado cuestionamientos desde sectores políticos, particularmente por parte de la representante Cathy Juvinao. Las críticas se centran en la contratación directa de Fiducoldex mediante una oferta única, el costo de la comisión administrativa y la falta de representación de las regiones afectadas en la junta directiva. Mientras el Gobierno defiende la eficiencia del modelo, algunos actores políticos señalan una posible concentración de facultades en la gerencia del fondo.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se basa en la tecnocracia y la alianza público-privada para blindar la ejecución de recursos ante posibles señalamientos de corrupción. Al integrar a empresarios de alto perfil en la junta directiva, el Ejecutivo busca legitimar la gestión del fondo y proyectar una imagen de eficiencia administrativa frente a la emergencia. Esta narrativa de 'gerencia privada' intenta contrastar con la desconfianza que suelen generar los procesos de contratación pública en situaciones de desastre. El Gobierno gana legitimidad al mostrar capacidad de respuesta rápida, pero asume un riesgo político significativo al centralizar la toma de decisiones. Quienes pierden en este esquema son los gobiernos locales y los organismos de control, cuya exclusión de la estructura directiva alimenta las narrativas de oposición sobre la falta de transparencia y la concentración de poder. La disputa se construye entre la eficiencia operativa defendida por el oficialismo y la exigencia de descentralización y vigilancia parlamentaria planteada por sus críticos.