Gobierno deroga límite del 30 por ciento a inversiones de fondos de pensiones en exterior
Resumen
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1490 de 2026, eliminando la restricción que limitaba al 30% las inversiones de los fondos privados de pensiones en activos extranjeros. Esta medida revoca el Decreto 0369, expedido en abril por la administración anterior, el cual obligaba a las administradoras a repatriar recursos para financiar proyectos de infraestructura interna. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, justificó la decisión argumentando que el tope anterior reducía la rentabilidad y ponía en riesgo el valor del ahorro pensional de los trabajadores.
Asofondos, el gremio que agrupa a las administradoras, celebró la medida calificándola como un paso necesario para la diversificación de los portafolios. Su presidente, Andrés Velasco, enfatizó que la libertad de inversión permite gestionar mejor los riesgos de liquidez y buscar mayores rendimientos en mercados internacionales. El gremio había advertido previamente que la restricción limitaba la capacidad de las entidades para construir portafolios equilibrados y competitivos.
La nueva normativa no implica una desregulación total, ya que se mantienen los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos vigentes desde 2010. El Gobierno sostiene que la decisión busca proteger el ahorro de los afiliados mediante criterios técnicos, evitando que las inversiones se concentren exclusivamente en el mercado local. Con este cambio, las administradoras recuperan la flexibilidad para distribuir sus activos entre distintos sectores, monedas y geografías.
Análisis Político
La estrategia política observada marca un giro hacia la ortodoxia económica y la autonomía técnica de los fondos de pensiones, distanciándose de la visión intervencionista del gobierno anterior. Al priorizar la rentabilidad sobre la inversión forzosa en infraestructura nacional, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de confianza a los mercados financieros y al sector privado, consolidando una narrativa de protección del ahorro individual frente a la injerencia estatal.
En este escenario, el sector financiero y los afiliados con portafolios de largo plazo resultan ganadores al recuperar herramientas de diversificación, mientras que la administración anterior pierde influencia sobre el manejo de los recursos pensionales. La narrativa del actual Gobierno se construye sobre la defensa de la propiedad privada de los ahorros, contraponiéndose a la idea de utilizar dichos fondos como motor de gasto público interno.
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