El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el gobierno de Abelardo De La Espriella declarará el estado de emergencia económica tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al suroccidente del país. Esta medida permitirá al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley para agilizar la atención de los damnificados en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. El funcionario confirmó que se activará un crédito de 450 millones de dólares con el Banco Mundial y se priorizarán partidas presupuestales para la gestión del riesgo. La administración central descartó un aumento en los impuestos para financiar la reconstrucción, optando por realizar ajustes y recortes en el presupuesto nacional para eliminar gastos burocráticos. Como medida de alivio inmediato, se anunció la postergación por un mes del pago del impuesto de renta para las personas naturales residentes en las zonas afectadas por el sismo. El ministro enfatizó que la prioridad institucional es el bienestar de las víctimas por encima de las complejas condiciones fiscales heredadas. La ejecución de los recursos estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que genera desconfianza en el nuevo gobierno debido a los antecedentes de corrupción y desorden registrados durante el periodo anterior. A pesar de estas preocupaciones, el ministro Gómez señaló que es la institución encargada institucionalmente de gestionar estos fondos. El gobierno espera que la declaratoria se promulgue de inmediato para contar con los recursos internacionales antes de finalizar la semana.

Análisis político

La estrategia del gobierno se centra en capitalizar la emergencia para consolidar su narrativa de austeridad y eficiencia, diferenciándose de la administración anterior al rechazar nuevos impuestos y prometer recortes burocráticos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo utiliza la crisis para cuestionar la gestión de la UNGRD, construyendo un relato de responsabilidad fiscal frente a una entidad que asocia con la corrupción del gobierno saliente, lo cual le permite justificar un control más estricto sobre el gasto público. El gobierno gana legitimidad al actuar con rapidez ante una catástrofe natural, mientras que el sector político opositor y la administración anterior pierden terreno al quedar expuestos a las críticas sobre el manejo de las instituciones de gestión de riesgo. La narrativa se construye sobre la dicotomía entre la urgencia de atender a las víctimas y la supuesta herencia de desorden administrativo, permitiendo al nuevo gobierno tomar medidas excepcionales sin el desgaste político que implicaría una reforma tributaria.