Gobierno de De la Espriella enfrenta ola de ataques terroristas tras su posesiónActualizado · hoy
Resumen
El presidente Abelardo de la Espriella inició su mandato enfrentando una serie de al menos 12 ataques terroristas perpetrados en ocho departamentos del país. Entre los hechos más graves se encuentra el asesinato del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, quien falleció tras un ataque con drones contra la subestación de Policía de San Roque, en el Cesar. Asimismo, desconocidos destruyeron con explosivos un peaje en construcción en la vía Panamericana, a la altura de Mondomo, Cauca, afectando la movilidad en el suroccidente colombiano.
El mandatario condenó los atentados y advirtió que el Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control territorial. De la Espriella enfatizó que no habrá impunidad ni contemplaciones contra los responsables, reafirmando su compromiso de combatir el narcotráfico y la narcoguerrilla. Por su parte, autoridades locales y el Gobierno de Panamá expresaron su rechazo categórico a la violencia y manifestaron su respaldo a la institucionalidad democrática colombiana.
La oleada de violencia, que incluyó hostigamientos con drones y explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública en regiones como Antioquia, Nariño y Tolima, es interpretada por diversos actores como una provocación directa al nuevo Ejecutivo. Mientras las investigaciones avanzan para identificar a los autores, el Gobierno ha convocado consejos de seguridad para articular medidas urgentes. La situación marca un desafío inmediato para la política de seguridad del nuevo periodo presidencial 2026-2030.
Análisis Político
La estrategia del nuevo Gobierno se centra en una narrativa de firmeza y autoridad, utilizando los ataques como un catalizador para legitimar su discurso de mano dura contra los grupos armados. Al calificar los hechos como una provocación, el Ejecutivo busca consolidar un frente común con las autoridades regionales y la comunidad internacional, posicionándose como el garante del orden frente a una amenaza terrorista que intenta desafiar su legitimidad desde el primer día.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen seguridad, pero pierde margen de maniobra para implementar agendas de diálogo si la presión armada persiste. Los grupos armados, por su parte, construyen una narrativa de desafío al nuevo poder central, buscando demostrar capacidad de daño y control territorial. El resultado es una polarización donde la seguridad se convierte en el eje único de la legitimidad política, dejando poco espacio para la moderación en el inicio del mandato.
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