El gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha definido como prioridad la reestructuración de Ecopetrol mediante la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó que el objetivo es remover al actual presidente de la compañía, Ricardo Roa, y modificar la junta directiva para revertir lo que califican como una gestión deficiente. Esta medida busca reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, áreas que, según el nuevo equipo, han sido afectadas por restricciones operativas y financieras durante la administración saliente. La estrategia jurídica del nuevo gobierno incluye la emisión de un decreto presidencial para acelerar los cambios en la petrolera estatal, respetando las normas de gobierno corporativo. Se prevé que la asamblea se realice a finales de agosto, coincidiendo con la audiencia de acusación formal de la Fiscalía contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias. Además de la cúpula de Ecopetrol, el plan contempla ajustes en filiales como ISA, donde se planea relevar a miembros de la junta vinculados a la administración de Gustavo Petro. La transición también busca frenar procesos de contratación millonarios en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, así como en la filial Cenit, los cuales han sido cuestionados por la Unión Sindical Obrera. El equipo de empalme ha señalado que la política debe salir de las salas de juntas para priorizar la técnica y la rentabilidad. Mientras se define el sucesor de Roa, ha sonado el nombre de Joaquín Gutiérrez, exjefe de campaña de De la Espriella, como posible candidato para liderar la compañía.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se basa en una intervención rápida y técnica para desmantelar la influencia del petrismo en la empresa más importante del país, utilizando el capital político obtenido en las elecciones. Al enmarcar la salida de Ricardo Roa como una necesidad de 'recuperación' ante el deterioro financiero y reputacional, el nuevo gobierno construye una narrativa de eficiencia y transparencia que busca legitimar la remoción de directivos como un acto de responsabilidad fiscal. Con este movimiento, el gobierno de De la Espriella gana control sobre la principal fuente de ingresos del Estado y cumple una promesa de campaña clave: la reactivación del sector minero-energético. Por el contrario, el petrismo pierde su posición de mando en la petrolera, quedando relegado a una minoría en la junta directiva. La construcción de narrativas es divergente: mientras el gobierno saliente defendió su gestión como una apuesta por la transición energética, el gobierno entrante la etiqueta como un ataque estratégico a la soberanía y rentabilidad nacional.