El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, presentó un nuevo decreto que modifica el protocolo de protesta social vigente desde 2021. La normativa establece tres principios fundamentales: la definición clara de protesta violenta, el establecimiento de causales para el agotamiento del diálogo y la implementación de cinco niveles de reacción para la fuerza pública. El ministro Rodrigo Lara enfatizó que la medida busca proteger la movilización pacífica mientras se sancionan actos violentos y se prohíben los bloqueos permanentes de vías y sistemas de transporte masivo. La propuesta introduce la figura de los corredores solidarios para garantizar la movilidad y el abastecimiento, citando como antecedente las afectaciones en la vía Panamericana. El decreto permite que la fuerza pública intervenga de manera individual contra quienes cometan actos violentos, como el uso de armas o agresiones, sin que esto implique necesariamente la suspensión del diálogo con el resto de los manifestantes. Esta disposición busca corregir lo que el Ejecutivo considera una ambigüedad en el marco normativo anterior, que a su juicio propiciaba la inacción policial. La iniciativa ha generado diversas reacciones en el espectro político, coincidiendo con la convocatoria de una movilización opositora para el próximo 14 de octubre. Mientras el Gobierno defiende la reforma como un ejercicio de autoridad necesario para garantizar derechos fundamentales, sectores de la oposición y organizaciones sociales han expresado preocupaciones sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. El documento, que cuenta con 27 páginas, está listo para la firma del presidente Abelardo De La Espriella tras haber surtido el proceso de consulta ciudadana.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la construcción de una narrativa de orden y autoridad, utilizando la diferenciación entre 'protesta pacífica' y 'violencia' para deslegitimar los bloqueos de vías, un tema sensible para los gremios económicos. Al presentar la reforma como un decreto 'irreformable' que finalmente se concreta, el Ejecutivo busca capitalizar una victoria política frente a la opinión pública, posicionándose como un actor que cumple sus promesas de campaña y que prioriza la estabilidad operativa del país. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra frente a futuras movilizaciones, mientras que la oposición, liderada por el petrismo, pierde el control sobre la narrativa de la protesta al verse obligada a desmarcarse de los actos violentos para mantener su legitimidad. La construcción de esta dicotomía permite al Ejecutivo trasladar el costo político de cualquier desorden público a los organizadores de las marchas, mientras que los sectores críticos intentan mantener la movilización social como una herramienta de presión política sin que esta sea catalogada bajo los nuevos parámetros de ilegalidad.