Gobierno de Abelardo de la Espriella revoca designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz
Resumen
El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Resolución 429 de 2026, mediante la cual se retira oficialmente la condición de gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Esta figura había sido otorgada en agosto de 2023 por el entonces presidente Gustavo Petro, bajo el marco de la política de 'paz total', con el objetivo de que el excomandante de las AUC contribuyera al diseño de procesos de desarme y al esclarecimiento de la verdad. La decisión del actual Ejecutivo pone fin a un rol que había sido objeto de intensos debates públicos y judiciales desde su implementación.
La medida administrativa se produce tras una serie de actuaciones del Consejo de Estado, que en agosto de 2026 suspendió provisionalmente la resolución original de 2023. El alto tribunal argumentó que el nombramiento carecía de límites temporales, geográficos y funcionales claros, calificando la justificación del gobierno anterior como general e insuficiente. Diversas demandas ciudadanas, incluyendo recursos de nulidad, señalaron que la falta de precisión en las actividades de Mancuso podía derivar en una revictimización de las personas afectadas por el conflicto armado.
Este retiro de la designación se enmarca en un cambio de enfoque en la política de seguridad y paz del gobierno de De la Espriella, que ha optado por terminar los espacios de diálogo sociojurídico heredados de la administración previa. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha enfatizado que el nuevo proyecto de ley de sometimiento no contempla la figura de gestores de paz para actores criminales. Con esta resolución, el Gobierno busca reafirmar su postura de aplicar la fuerza estatal contra las estructuras que no se sometan a la ley, marcando una ruptura definitiva con los mecanismos de interlocución utilizados anteriormente.
Análisis Político
La revocatoria de la gestoría de paz de Salvatore Mancuso evidencia una estrategia de desmantelamiento institucional de la política de 'Paz Total' del gobierno anterior. Al utilizar una resolución presidencial para formalizar el retiro, el gobierno de De la Espriella busca capitalizar el descontento de sectores críticos con la administración Petro, quienes consideraban que el nombramiento de exjefes paramilitares como gestores era una concesión inaceptable que revictimizaba a la sociedad. Esta acción permite al actual mandatario consolidar una narrativa de 'mano dura' y orden público, distanciándose de los procesos de diálogo que, según su visión, fortalecieron a las estructuras criminales en lugar de desarticularlas.
En este escenario, el Gobierno y el Consejo de Estado emergen como los principales actores que reconfiguran el marco legal de la paz, mientras que el legado de la administración Petro pierde su principal instrumento de interlocución con los antiguos jefes de las AUC. El gran perdedor es el exjefe paramilitar, quien pierde su estatus especial y queda expuesto a las consecuencias judiciales ordinarias sin el blindaje político que le otorgaba la gestoría. La narrativa oficial se construye ahora bajo la premisa de que la paz no se negocia con figuras del pasado, sino que se impone mediante la fuerza del Estado, un mensaje que busca legitimidad en la opinión pública que demandaba resultados concretos frente a la criminalidad.
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