El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara la radicación de un estatuto antiterrorista que consta de más de 130 artículos y será socializado ante el Consejo Superior de Política Criminal. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, inspirado en modelos internacionales, para combatir las finanzas ilegales y fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública. El proyecto incluye un régimen carcelario especial para cabecillas, la persecución de bienes y la posibilidad de realizar operaciones militares bajo el Derecho Internacional Humanitario. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ha liderado las críticas contra el borrador, calificándolo como una amenaza al Estado de derecho y a las garantías constitucionales. Cepeda sostiene que la definición de terrorismo es excesivamente vaga y que la facultad del Ejecutivo para incluir personas en listas negras mediante actos administrativos, sin orden judicial previa, podría derivar en persecución política y violaciones a los derechos humanos. Otros sectores de la oposición han comparado la propuesta con el antiguo Estatuto de Seguridad, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar la protesta social. Defensores de la iniciativa, como el representante Julio César Triana y el senador Hernán Cadavid, argumentan que el país requiere herramientas legales contundentes para enfrentar la criminalidad actual. Los defensores enfatizan que, al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto contará con un control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El Gobierno sostiene que esta normativa es necesaria para terminar con la complacencia frente a los grupos armados y garantizar la seguridad nacional.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad mediante una narrativa de 'mano dura' y eficiencia operativa, buscando desmarcarse de los modelos de negociación previos. Al proponer un estatuto que emula mecanismos internacionales, el Ejecutivo intenta legitimar su política de seguridad como una respuesta técnica y necesaria, mientras traslada la responsabilidad de la legalidad del proceso a la Corte Constitucional. La oposición, por su parte, construye una narrativa de defensa de la democracia y los derechos humanos, intentando posicionar el proyecto como un retroceso autoritario que pone en riesgo las libertades civiles. En este escenario, el Gobierno gana terreno al consolidar su base electoral con una agenda de seguridad clara, mientras que la oposición busca capitalizar el miedo a la extralimitación del poder para frenar el avance legislativo en el Congreso.