El Gobierno de Chile realizó el séptimo vuelo de expulsión de extranjeros durante la administración del presidente José Antonio Kast, trasladando a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. El operativo, ejecutado por la Fuerza Aérea de Chile, incluyó a 28 individuos bajo expulsión administrativa y 12 por vía judicial, sumando un total de 1.174 deportaciones en lo que va de 2026. Las autoridades destacaron que esta cifra supera los registros anuales de los años 2022 al 2024. La ejecución de este vuelo se enmarca en el Plan de Control Migratorio, el cual busca fortalecer la fiscalización mediante la reciente creación de una brigada especializada entre la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que la actual gestión ha realizado en cuatro meses un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior. Además, se reportó una disminución en los ingresos clandestinos al país, situándolos en un 30% respecto a periodos previos. El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió sobre la insuficiencia de los recursos presupuestarios actuales para mantener el ritmo de las expulsiones. Hizo un llamado directo al Congreso para revisar las partidas financieras de cara al próximo año, subrayando que la voluntad política del Ejecutivo requiere respaldo económico para aumentar la capacidad operativa. El balance oficial también incluyó datos sobre salidas voluntarias, destacando que más de 6.000 personas han abandonado el país por decisión propia durante este año.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la construcción de una narrativa de orden y eficacia administrativa, utilizando comparaciones estadísticas con la administración anterior para validar su gestión migratoria. Al vincular los operativos con la seguridad pública y la creación de unidades especializadas, el Gobierno busca capitalizar políticamente la percepción ciudadana sobre la crisis migratoria, posicionándose como un actor que cumple con sus promesas de campaña mediante la acción directa. El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al mostrar resultados concretos y constantes, mientras que el Congreso se convierte en el actor que podría perder apoyo si se percibe como un obstáculo presupuestario para estas políticas. La narrativa se construye bajo la dicotomía entre la voluntad política del Ejecutivo y las limitaciones institucionales, trasladando la responsabilidad de una mayor escala de expulsiones hacia el Poder Legislativo en la próxima discusión presupuestaria.