El Gobierno Nacional emitió una circular que obliga a todas las entidades del Estado a centralizar en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) cualquier respuesta a derechos de petición o solicitudes de información provenientes del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De la Espriella. Esta medida surge tras la decisión del mandatario entrante de suspender el proceso de transición el pasado 7 de julio, argumentando la necesidad de proteger la transparencia del empalme. El Ejecutivo saliente justificó la restricción señalando que integrantes del equipo de De la Espriella realizaron señalamientos públicos contra el presidente Gustavo Petro, lo cual, según el Gobierno, desnaturalizó la finalidad institucional del proceso. Como respuesta a la suspensión, el Gobierno Petro ha optado por realizar una rendición de cuentas pública mediante grabaciones en la Casa de Nariño, donde ministros presentan informes ante sillas vacías destinadas al equipo entrante. Estas sesiones, que serán emitidas por RTVC, buscan documentar la entrega de la administración a pesar de la ausencia de los delegados de De la Espriella. Por su parte, el equipo del presidente electo ha buscado alternativas para obtener información, instalando mesas técnicas con la Contraloría General de la República para recibir diagnósticos sectoriales de carácter técnico. La Procuraduría General de la Nación ha intervenido haciendo un llamado a la calma y al respeto por las normas legales que rigen la transición democrática. Mientras el Gobierno saliente insiste en que la información debe fluir a través de los canales oficiales y bajo la supervisión de la Presidencia para garantizar coherencia, el equipo de De la Espriella ha optado por radicar masivos derechos de petición para acceder a datos del Estado. La situación refleja una ruptura en la comunicación directa entre ambas administraciones, trasladando el proceso de empalme a un escenario de formalismos jurídicos y confrontación narrativa.

Análisis político

La estrategia del Gobierno saliente busca mantener el control sobre la narrativa de la transición, utilizando la centralización de la información en el Dapre como un mecanismo de blindaje institucional frente a las críticas del equipo entrante. Al exigir que cada respuesta sea revisada por la Presidencia, el Ejecutivo busca evitar filtraciones o interpretaciones que puedan ser usadas políticamente en su contra, mientras que la grabación de videos con sillas vacías refuerza la imagen de un Gobierno que 'cumple' frente a una oposición que 'se retira'. En este pulso, el equipo de Abelardo De la Espriella gana autonomía al apoyarse en organismos de control como la Contraloría, lo que le permite obtener insumos técnicos sin depender de la voluntad política del Gobierno Petro. Sin embargo, el Gobierno saliente mantiene la ventaja de la posesión de la información oficial, obligando al equipo entrante a desgastarse en una batalla legal de derechos de petición. La narrativa del Gobierno se construye sobre la idea de una entrega 'ordenada y transparente' frente a una supuesta 'desnaturalización' del proceso por parte del equipo entrante, mientras que el equipo de De la Espriella se posiciona como el garante de una transición que requiere mayor escrutinio.