El presidente Abelardo de la Espriella instruyó a los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, para brindar asistencia jurídica a 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos. Los uniformados enfrentan cargos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La orden presidencial incluye además un apoyo económico para las familias de los procesados mientras avanza el juicio en una corte federal de Miami. El mandatario justificó la medida bajo el argumento de que el Estado no debe abandonar a sus integrantes de la Fuerza Pública y enfatizó la necesidad de esclarecer la responsabilidad individual de cada implicado. De la Espriella subrayó que el objetivo es evitar que se generalicen las culpas, bajo la premisa de que no pueden pagar justos por pecadores. Esta decisión marca un cambio en el abordaje diplomático del caso, buscando garantizar el debido proceso para los connacionales tras su traslado desde Haití. La Cancillería colombiana aclaró que el Gobierno no intervino en el procedimiento de traslado de los detenidos hacia territorio estadounidense, el cual fue gestionado por las autoridades competentes de los países involucrados. Los exmilitares, que permanecieron años en cárceles haitianas, enfrentan acusaciones por conspiración para cometer asesinato o secuestro. El Ministerio de Defensa confirmó que cumplirá la instrucción presidencial para asegurar que los procesados cuenten con una defensa técnica adecuada.

Análisis político

La estrategia política de De la Espriella se centra en la consolidación de una narrativa de lealtad institucional hacia la Fuerza Pública, presentándose como un líder que protege a sus subordinados frente a la adversidad internacional. Al calificar a los detenidos como héroes y prometer asistencia económica y jurídica, el mandatario busca capitalizar el respaldo de sectores que valoran la defensa de los militares, diferenciándose de gestiones anteriores que fueron criticadas por la falta de atención a este grupo. Con este movimiento, el presidente gana réditos políticos ante las bases militares y sus familias, quienes han denunciado abandono estatal durante años. Por otro lado, el riesgo político reside en la exposición internacional, ya que el apoyo gubernamental a personas acusadas de un magnicidio podría generar tensiones diplomáticas con Estados Unidos y Haití. La narrativa de la responsabilidad individual permite al Gobierno mantener una postura de defensa sin validar necesariamente las acciones criminales, equilibrando el apoyo interno con el respeto formal a la justicia estadounidense.