El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta para personas naturales en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Esta medida busca brindar un alivio financiero a los damnificados, permitiéndoles priorizar la atención de sus necesidades básicas y la reconstrucción de sus viviendas. El funcionario enfatizó que, de ser necesario, el plazo podría extenderse más allá de los treinta días inicialmente previstos. Para financiar la atención de la emergencia, el Gobierno Nacional activará un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial y dispondrá de la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El ministro Gómez Martínez descartó la creación de nuevos impuestos, asegurando que la estrategia se centrará en realizar ajustes y recortes en el presupuesto nacional. Esta decisión se comunicó durante el primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Congreso. El Gobierno expresó preocupación por la ejecución de los recursos destinados a la emergencia, señalando antecedentes negativos en la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A pesar de las críticas institucionales, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de no incrementar la carga tributaria a los ciudadanos. La declaratoria de emergencia económica, que se espera sea promulgada formalmente, servirá como marco jurídico para implementar estas acciones de manera expedita.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se fundamenta en una narrativa de austeridad y eficiencia, distanciándose de las políticas de la administración anterior al priorizar recortes presupuestales sobre nuevos gravámenes. Al rechazar explícitamente una reforma tributaria para financiar la catástrofe, el Ejecutivo busca capital político mediante la empatía con los damnificados y la promesa de no aumentar la presión fiscal, mientras utiliza la emergencia para justificar ajustes en el gasto público. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar capacidad de respuesta rápida ante la crisis, pero asume un riesgo significativo al cuestionar públicamente la capacidad operativa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta tensión construye una narrativa donde el Ejecutivo se presenta como un administrador responsable frente a una institucionalidad que califica de ineficiente, trasladando la responsabilidad de los resultados a la ejecución técnica de los recursos.