El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó al Gobierno Nacional suspender por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde permanecen excombatientes de los Comandos de Frontera. Esta decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta por 62 desmovilizados, quienes argumentaron riesgos para su seguridad, integridad física y el proceso de reincorporación a la vida civil. El fallo exige al Ejecutivo y a diversas entidades estatales coordinar un plan interinstitucional que garantice una salida digna y segura para los ocupantes del espacio. La Presidencia de la República había intentado previamente finalizar el funcionamiento de la zona el 30 de septiembre, extendiendo el plazo de forma administrativa hasta diciembre, medida que fue cuestionada por los accionantes. El juez determinó que el procedimiento de cierre carecía de la articulación necesaria entre instituciones como la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la ARN, lo que impedía una transición efectiva. Durante este nuevo periodo de seis meses, la Fiscalía deberá definir la situación jurídica de los excombatientes, incluyendo la resolución de órdenes de captura vigentes. La Defensoría del Pueblo respaldó la necesidad de esta prórroga al señalar fallas en la atención en salud, falta de medidas de protección y riesgos de seguridad para los exintegrantes del grupo armado. El fallo judicial subraya la importancia de aplicar enfoques diferenciales para poblaciones vulnerables, como mujeres e indígenas, presentes en la zona. Aunque el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la posibilidad de impugnar la decisión, la orden judicial mantiene la suspensión vigente para asegurar el debido proceso administrativo.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se ha centrado en el desmonte de la política de 'paz total' mediante el cierre administrativo de espacios de concentración, buscando marcar una ruptura con la administración anterior. Por su parte, los excombatientes utilizan la vía judicial como un mecanismo de defensa para proteger su seguridad jurídica y física, logrando que el Poder Judicial actúe como un contrapeso frente a las decisiones del Ejecutivo. Esta dinámica evidencia una tensión entre la voluntad política del Gobierno de finalizar procesos de paz y la obligación estatal de garantizar los derechos adquiridos durante la desmovilización. En este escenario, los excombatientes ganan un margen de maniobra y tiempo para consolidar su tránsito a la vida civil, mientras que el Gobierno pierde capacidad de ejecución inmediata sobre su agenda de seguridad. La narrativa del Ejecutivo se construye bajo la premisa de la legalidad y el orden, mientras que la de los excombatientes y defensores de derechos humanos se fundamenta en la confianza legítima y la protección de la vida. Este conflicto refleja la dificultad de cerrar procesos de paz sin una coordinación interinstitucional robusta, dejando al Estado en una posición de vulnerabilidad ante la falta de garantías para quienes dejaron las armas.

Un juez del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde permanecen 62 excombatientes de los Comandos de Frontera. Esta decisión judicial responde a una acción de tutela que argumenta riesgos para la vida, la seguridad y el proceso de reincorporación de los integrantes de este grupo, vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El fallo exige al Gobierno nacional avanzar en un plan interinstitucional de cierre adecuado durante este nuevo periodo de prórroga. El Gobierno de Abelardo De La Espriella había intentado previamente finalizar la ZUT mediante resoluciones administrativas, fijando plazos iniciales para el 30 de septiembre y posteriormente para el 3 de diciembre. La administración argumentó que el desmonte era necesario tras el fin de los espacios de diálogo, mientras que los excombatientes denunciaron obstáculos en salud, falta de medidas de protección y ausencia de redes de apoyo. La Defensoría del Pueblo respaldó estas preocupaciones al señalar que gran parte de los ocupantes carece de un lugar seguro al cual trasladarse. La medida judicial obliga a las entidades competentes, incluyendo la Fiscalía y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a coordinar acciones para definir la situación jurídica de los excombatientes y garantizar una salida gradual. Aunque el Ejecutivo tiene la posibilidad de impugnar el fallo, la suspensión de los efectos del cierre se mantiene vigente por el periodo dictado por el juzgado. Este escenario prolonga la incertidumbre sobre el futuro de los integrantes de la ZUT y la capacidad del Estado para gestionar su transición a la vida civil.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se ha centrado en el desmonte administrativo de los espacios de diálogo heredados, buscando cerrar capítulos de la política de 'paz total' mediante resoluciones ejecutivas. Por su parte, los excombatientes han utilizado la vía judicial como un mecanismo de contención, logrando que el sistema de justicia actúe como un freno a la celeridad gubernamental bajo el argumento de la protección de derechos fundamentales. Esta dinámica evidencia una tensión entre la voluntad política del Ejecutivo de clausurar estos espacios y la obligación estatal de garantizar la seguridad de quienes se acogieron a procesos de paz. En este evento, los excombatientes ganan un margen de maniobra temporal que les permite evitar una salida forzada sin garantías, mientras que el Gobierno pierde el control sobre el cronograma de desmonte que había diseñado. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la necesidad de normalizar la institucionalidad y finalizar procesos de diálogo terminados, mientras que la contraparte construye una narrativa de vulnerabilidad y riesgo vital, logrando que el juez priorice la protección de derechos sobre la celeridad administrativa.