El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo diseñado para gestionar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. La entidad, administrada por Fiducoldex, cuenta con una bolsa inicial de un billón de pesos disponible desde el 7 de octubre para atender infraestructura crítica como viviendas, colegios y hospitales. El Ejecutivo proyecta incorporar recursos adicionales por 2,7 billones de pesos en noviembre para ampliar el alcance de las intervenciones.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar la puesta en marcha del fondo para contrarrestar las críticas por la lentitud en la respuesta estatal, atribuyendo los retrasos a la herencia administrativa recibida. Al delegar la gestión en una fiduciaria y anunciar auditorías independientes, el Ejecutivo busca blindar la ejecución de recursos contra posibles señalamientos de corrupción, mientras intenta recuperar la confianza de las comunidades damnificadas que han cuestionado la inacción oficial. El Gobierno gana legitimidad al materializar el flujo de dinero, mientras que la oposición, representada por figuras como la representante Catherine Juvinao, pierde terreno en su narrativa de inoperancia estatal. La construcción de la narrativa oficial enfatiza la complejidad del Estado para justificar los tiempos de respuesta, contraponiéndola con la urgencia de las necesidades de las víctimas, quienes se convierten en el eje central de la disputa política por la eficiencia en la gestión de la crisis.