Fuerzas Militares abaten a alias Max Max en operativo en Jamundí
Resumen
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la neutralización de Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias 'Max Max', en una operación militar desarrollada en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. El sujeto era señalado como el principal explosivista e instructor del Bloque Occidental Jacobo Arenas y la estructura Jaime Martínez, facciones de las disidencias de las Farc bajo el mando de 'Iván Mordisco'. Por información que permitiera su captura, el Estado ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
Las autoridades atribuyen a Castillo Cortés una trayectoria criminal de diez años y su participación directa en múltiples atentados ocurridos entre 2025 y 2026. Entre los hechos mencionados por el Gobierno destacan ataques a estaciones de Policía en Cali, el atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez, acciones contra el Batallón Pichincha y explosiones en la vía Panamericana. El mandatario y el ministro de Defensa, Jorge Mora, calificaron el resultado como un golpe contundente a la capacidad terrorista de las estructuras armadas en el suroccidente del país.
El anuncio oficial incluyó una advertencia del jefe de Estado sobre la política de seguridad de su administración, la cual busca recuperar el control territorial mediante una ofensiva contra los grupos ilegales. El Gobierno reiteró que no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública y que los integrantes de organizaciones armadas que no se sometan a la ley enfrentarán consecuencias similares. Este operativo se suma a otras acciones militares reportadas recientemente en los departamentos de Meta y Antioquia.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en proyectar una imagen de autoridad y mano dura, utilizando la neutralización de objetivos de alto valor como un mensaje de cumplimiento de sus promesas de campaña. Al vincular directamente al presidente con el anuncio de la baja, se busca capitalizar políticamente los éxitos operativos de la Fuerza Pública para fortalecer la legitimidad del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.
El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen resultados inmediatos contra la violencia, mientras que las disidencias pierden capacidad táctica y logística en una zona estratégica. La narrativa oficial construye una dicotomía clara entre el Estado y los grupos armados, etiquetando a los actores ilegales como 'bandidos' que deben ser eliminados, lo cual contrasta con posibles enfoques de diálogo y busca consolidar un respaldo popular basado en la recuperación del orden público.
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