Fiscalía investiga accidente en Pedrozo mientras crece presión política contra ministra de Obras
Resumen
La Fiscalía inició una investigación sobre el trágico accidente en el cruce de Pedrozo, Ruta PY02, que ha dejado seis fallecidos y nueve heridos tras el impacto de un camión contra vehículos detenidos. El Ministerio Público solicitó informes técnicos a la concesionaria Rutas del Este y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para esclarecer las causas y responsabilidades. El chofer del camión permanece imputado y bajo prisión preventiva mientras la comunidad local exige el retiro del semáforo instalado en 2021.
La ministra de Obras, Claudia Centurión, anunció que el semáforo será eliminado en un plazo de 10 días, tras la construcción de carriles de contingencia para evitar nuevos riesgos. La funcionaria atribuyó el retraso en la obra del paso a desnivel a trabas judiciales en la liberación de la franja de dominio y a decisiones de gestiones anteriores. Ante la indignación ciudadana, el MOPC también dispuso controles obligatorios para camiones pesados en la zona del Kurusú Peregrino.
Legisladores de la oposición presentaron pedidos de interpelación contra la ministra, calificando la gestión de la infraestructura vial como negligente. El oficialismo, por su parte, rechazó la iniciativa calificándola de oportunista y defendió la continuidad de la ministra al frente de la cartera. La tensión política se mantiene mientras el Congreso debate si la comparecencia de la titular del MOPC es necesaria para explicar el estado de las obras y los costos asociados.
Análisis Político
La estrategia política observada refleja una polarización marcada entre la oposición, que utiliza la tragedia para cuestionar la gestión técnica y financiera del MOPC, y el oficialismo, que blinda a la ministra calificando las críticas como oportunismo político. Esta dinámica es común en el sistema paraguayo, donde los accidentes viales se transforman rápidamente en herramientas de desgaste parlamentario, desplazando el foco de la seguridad vial hacia la disputa por la responsabilidad administrativa.
El gran perdedor es la ciudadanía, que sufre las consecuencias de una infraestructura deficiente y la falta de soluciones estructurales a largo plazo. Por otro lado, la ministra Centurión logra mantenerse en el cargo gracias al respaldo del bloque oficialista, aunque su gestión queda bajo un escrutinio público intensificado. La narrativa se construye mediante la confrontación: mientras los opositores denuncian una 'negligencia criminal', el Gobierno intenta desviar la responsabilidad hacia el Poder Judicial y las administraciones pasadas.
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