La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 bienes, entre inmuebles y sociedades, relacionados con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los activos, avaluados preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos, están distribuidos en Bogotá y nueve departamentos del país. La diligencia fue ejecutada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con el apoyo del CTI y el Ejército Nacional. Los bienes están vinculados a seis personas investigadas por el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos, incluyendo a los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como al expresidente del Senado Iván Name y al exrepresentante Andrés Calle. También fueron afectados activos del contratista Luis Eduardo López Rosero y del exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo. Las medidas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los haberes y negocios. Esta acción judicial busca identificar y verificar el origen del patrimonio de los implicados, operando de forma paralela al proceso penal en curso. La Fiscalía aclaró que la imposición de estas medidas no constituye una condena definitiva ni establece responsabilidad penal, sino que es un mecanismo para asegurar los activos mientras se determina si fueron adquiridos o utilizados en actividades ilícitas.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en golpear la capacidad financiera de los implicados, utilizando la extinción de dominio como una herramienta de presión que trasciende el proceso penal ordinario. Al afectar bienes de figuras de alto perfil político, el ente acusador busca enviar un mensaje de contundencia institucional frente a la corrupción administrativa, intentando recuperar recursos públicos que habrían sido desviados mediante el direccionamiento de contratos. En este escenario, el Gobierno y la Fiscalía ganan legitimidad al mostrar resultados tangibles en la lucha contra la corrupción, mientras que los políticos señalados pierden control sobre su patrimonio y enfrentan un mayor desgaste reputacional. La narrativa se construye desde la Fiscalía como una labor de recuperación patrimonial, mientras que los investigados, como Iván Name, intentan deslegitimar las pruebas presentadas, calificándolas de falsas para defender su posición política ante la opinión pública.